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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y operatividad en los fraccionamientos de acceso controlado, el Congreso del Estado aprobó un exhorto, a propuesta del diputado Juan Manuel Molina García, para solicitar a los siete Ayuntamientos del Estado que, en el ámbito de sus respectivas competencias, propongan, discutan, aprueben y publiquen la reglamentación municipal correspondiente a la Ley de Desarrollo Urbano.
Ninguno de los siete municipios ha cumplido con el plazo para cambiar reglamento, lo cual prolonga la incertidumbre legal, impide la regulación de nuevos desarrollos y paraliza el plazo de cumplimiento para los fraccionamientos ya establecidos
Molina García explicó que, desde la aprobación del decreto correspondiente en febrero de 2023, los municipios contaban con un plazo de 45 días hábiles para emitir su reglamento, y los fraccionamientos existentes tendrían 180 días para cumplir una vez publicadas dichas normas.
“Esta omisión genera un riesgo significativo para la seguridad y la certeza jurídica, pues se carece de directrices claras para el funcionamiento de las casetas de vigilancia y de protocolos de coordinación entre seguridad privada y autoridades”, puntualizó el legislador de Morena.
Como ejemplo, citó lo ocurrido el pasado 31 de mayo en el Fraccionamiento Toledo II de Mexicali, donde un grupo de escoltas armados intentó acceder al lugar, generando una disputa que escaló hasta requerir la intervención policial, aunque contaban con permisos legales para portar armas, el personal de vigilancia les negó el acceso.
El exhorto también reconoce la necesidad de que los gobiernos municipales establezcan mesas de trabajo o vías de socialización, como mecanismos de diálogo con la ciudadanía, a fin de lograr reglamentos sólidos y viables. El caso de Mexicali, donde la publicación del reglamento fue frenada por la oposición vecinal, evidencia la urgencia de estos procesos participativos.
Juan Manuel Molina enfatizó que la reglamentación pendiente no solo cumplirá con un mandato legal, sino que generará beneficios tangibles como mayor seguridad pública, certeza jurídica y mejor aprovechamiento de los recursos de seguridad, tanto públicos como privados.
“El éxito de esta política pública depende de la coordinación efectiva entre el Estado, los municipios y la ciudadanía. Solo así lograremos una mejor calidad de vida para todos los residentes de Baja California”, concluyó.
