Martha MacLiberty es una mujer Mexicalense que se dice “felizmente cachanilla”, es casada y tiene una hija, aficionada al box y al baseball, que quiere buscar una candidatura para Diputada por MORENA, algo que ella considera una oportunidad de ayudar a la gente de Baja California y compartió algunas de las motivaciones que la impulsan a buscar una candidatura para este 2021
“Tengo 20 años trabajando el tema migratorio y trabaja porque le gusta ayudar a la gente, unir familias a través de los trámites migratorios que ella les ayuda a realizar, me encanta poder apoyar a los demás”, dice.
Todos tienen oportunidad y derecho a dar la lucha, incluso el PRI y el PAN buscan posicionarse otra vez, ahora es tan solo aspirante pero a partir de este domingo 24 de enero se definirán las candidaturas, pero por el momento ella trabaja al interior de Morena y queda a la espera del resultado.
Coordinó el tercer distrito en la campaña de Jaime Bonilla, trabajó en el Seguro Popular en Afiliaciones y Operación en todo el Estado, ha participado en las Jornadas por la Paz con el secretario de Salud Oscar Alonso Pérez Rico, donde ella cree que ha logrado estar más en contacto con las necesidades de la gente.
La política es una profesión no muy prestigiada, pero ella siente que también es una oportunidad de apoyar a la gente y eso la motiva para trabajar y aportar su granito de arena para ayudar a los demás, siente que la 4T es una transformación con la que mucha gente está de acuerdo, pero también hay muchos que no están de acuerdo, el reto es lograr unificar a la gente.
Gestionar, bajar recursos y levantar la voz por Baja California son parte de las cosas que a ella le gustaría hacer, “vamos bien pero aún nos falta tiempo para llegar a más gente”, dice Martha, por el momento hay que cuidarse de la pandemia COVID19 una enfermedad que ha afectado a la economía, por eso el Presidente está buscando la manera de ayudar a la gente.
La Fiscalía General del Estado presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso Local, su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021, que busca dos vertientes, por un lado consolidar la creación de la nueva Fiscalía, y por otro brindar más resultados ante la ciudadanía con un presupuesto similar al del presente año.
En representación del Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, dijo ante los diputados y diputadas que el objetivo principal es disminuir la delincuencia y darle respuesta rápida y satisfactoria a los ciudadanos.
Durante su exposición el funcionario explicó a detalle los diferentes rubros y conceptos del presupuesto solicitado, señaló que se vigila a detalle, y se transparentará su aplicación.
Las áreas en las que se distribuirá son la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Fiscalía Central, Oficialía Mayor, Centro Estatal de Ciencias Forenses, Sistema Estatal de Justicia Penal, Prevención del Delito, Oficina del Titular, Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Centro de Evaluación y Control de Confianza, Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, y Centro Estatal de Inteligencia.
El funcionario señaló que para el próximo año se pondrá en marcha la Fiscalía de Protección al Ambiente y contra el Maltrato Animal, así como las ya existentes que requieren de mayor apoyo y estructura, como es la Fiscalía Especializadas de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
También dentro de este presupuesto se busca incrementar la plantilla de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad Investigación, así como de agentes del Ministerio Público, para que se incorporen a las tareas sustantivas de investigación.
El Fiscal Central se refirió a que dentro de este presupuesto los agentes contaran con seguros de enfermedad no profesional, seguro de accidentes de trabajo, préstamos hipotecarios, jubilación, pensión por retiro, invalides, y varias prestaciones sociales más.
Durante la comparecencia esté viernes 11 de diciembre, el Fiscal Central estuvo acompañado del Oficial Mayor de la Institución, José Antonio Ramírez Gómez, y personal de la oficialía, y por parte del Congreso estuvieron, Julia Andrea González, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y los miembros de la comisión: Eva Gricelda Rodríguez, Claudia Agatón, Miriam Cano Núñez, Rosina del Villar Casas, Rodolfo Adame Alba, y Eva María Vázquez Hernández
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP), el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó que en su presupuesto a ejercer en 2021 se le autorice un incremento del 50 por ciento.
Miguel Ángel Mora Marrufo, ombudsman de Baja California, acudió este día a presentar su proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, ante la Comisión de Hacienda que encabeza la diputada Julia Andrea González Quiroz.
En su exposición inicial, el presidente de este organismo subrayó que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la cantidad de quejas recibidas y, pese a ello, funciona con uno de los presupuestos más bajos de la república, lo que se agravó en el actual ejercicio a causa de la pandemia que azota a todo el país, ya que aumentaron considerablemente las quejas.
Precisó que en el año por concluir ejercieron un presupuesto de egresos por valor de 42 millones 157 mil pesos, mientras que para 2021 solicitó 63 millones 298 mil pesos.
Mora Marrufo compareció, aparte de la diputada Julia Andrea, ante las diputadas Eva Gricelda Rodríguez, secretaria de este órgano legislativo, así como la diputada Miriam Cano Núñez y el diputado Julio César Vázquez Castillo, todos ellos miembros de la citada comisión, así como las diputadas María Trinidad Vaca y María Luisa Villalobos Ávila.
El primer cuestionamiento dirigido al funcionario fue hecho por la diputada María Trinidad Vaca Chacón, quien luego de felicitar al ombudsman bajacaliforniano por su actuación en los casos de personas desaparecidas, en los que han trabajado de la mano con grupos que se dedican al esclarecimiento y búsqueda de las víctimas de desaparición, le preguntó que acciones pretende realizar para fortalecer este tema.
Al respecto, el funcionario explicó que esa es la razón para demandar mayor presupuesto, a fin de adquirir vehículos todo terreno, al igual que equipo electrónico que les permitan participar en la búsqueda de víctimas, además de aumentar el personal de que dispone la CEDH.
Por su parte, la diputada Miriam Cano pidió que se le detallara el aumento de más de 20 MDP que demandó el titular de este organismo y el porqué del incremento de 200 por ciento en el renglón de aportaciones patronales, así como de pasajes, con motivo de la violencia de género.
La respuesta fue en el sentido de que desde el 2016, fecha en que se incluyó al personal de la CEDH en el Issstecali, no se había cumplido con las aportaciones de ley, que es lo que busca hacer el año próximo, con la finalidad de ser congruentes con los derechos humanos de los empleados de la institución, “porque no les estamos proporcionando la protección necesaria”.
En su turno, la titular de esta comisión, diputada Julia Andrea González, reconoció que con las actualizaciones que se han dado en materia de fortalecimiento a la equidad de género, es necesario aumentar el personal para cumplir con esta tarea, por lo que ofreció su respaldo al ombudsman.
El Poder Judicial de Baja California, presentó el proyecto de Presupuesto para el año 2021, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, mismo que incluye tanto el Gasto Operativo cotidiano e indispensable, como Proyectos Estratégicos impostergables cuyo cumplimiento es mandato constitucional. La comparecencia se realizó en forma virtual.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, informó que para este año 2021, el proyecto presupuestal es de 2 millones 209 mil 450 921.89 pesos, el cual incluye mil 359 millones 706 mil 753.14 pesos para Servicios Personales ámbito que implica la fortaleza institucional porque en la nómina el 77% corresponde a personal jurisdiccional y de apoyo a la labor jurisdiccional; sólo el 23% a personal administrativo; 148 millones 010 mil 076.96 pesos para Gasto Operativo, mismo que posibilita que las funciones jurisdiccionales se lleven a cabo en un entorno austero, seguro y digno, y 701 millones 734 mil 091.79 pesos para Proyectos Estratégicos de alto impacto, que resultan impostergables y prioritarios para acercar la justicia a la ciudadanía.
Entre estos últimos destaca la habilitación de los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), en este caso el Poder Judicial cuenta con edificios especiales en Mexicali y Tecate, para habilitar ambos, es necesario una inversión de $6.4 millones de pesos para mobiliario, equipo y personal (psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares e intendencia).
Al respecto el Magistrado Presidente fue enfático al señalar que “las convivencias familiares no se están otorgando en las mejores condiciones ya que se han llevado a cabo entre comensales de restaurantes de comida rápida”, es por ello que resulta fundamental para brindar una certeza a las familias que se encuentran en situación de conflicto, contar con espacios seguros y bajo la vigilancia de personal adecuado.
La implementación de la materia Laboral, implicará un importante reto, el cual deberá cumplirse por mandato constitucional en el mes de octubre del año 2021 (decreto que reforma el Artículo 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Justicia Laboral). En este sentido, se requiere adecuación de espacios para la creación de juzgados especializados, equipamiento, gasto operativo y contratación de personal, al respecto la inversión estimada es de 204.1 millones de pesos.
De igual forma, en agosto del próximo año en apego al Decreto que reforma el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, se deberá cumplir con la difusión de versiones públicas de todas las sentencias que cada tribunal emita, para ello se requiere de renovación de equipo de cómputo, de servidores WEB, inmobiliario, entre otros, lo que implica una inversión de 31.6 millones de pesos. Al respecto se emiten más de 26 mil sentencias en promedio al año.
En el tema del Sistema de Justicia Penal Oral (SJPO), luego de 10 años de su implementación en Mexicali es impresindible la renovación del equipo tecnológico, así como la contratación de cuando menos seis jueces de control, un juez de ejecución, y personal jurisdiccional adicional. Esto con por un monto estimado de $69 millones de pesos.
Actualmente, en los Partidos Judiciales de Tijuana, Tecate y Ensenada, se encuentra en proceso la habilitación de las denominadas “Ciudad Justicia”, centros en donde se instalará el SJPO; en cada espacio es necesario la instalación de mobiliario, equipo de cómputo y personal, para sostener el crecimiento en la demanda del servicio. En este sentido, se estima una inversión de 118.6 millones de pesos para Tijuana; $87.3 millones de pesos para Ensenada y 74.6 millones de pesos para Tecate.
Ante la inquietud de la Diputada Claudia Agatón sobre la necesidad de fortalecer el próximo ayuntamiento de San Quintín el Presidente respondió que, de ahí la importancia de fortalecer al Tribunal Electrónico, en donde se solicitaron 29.4 millones de pesos, lo que permite la posibilidad de realizar trámites y llevar asuntos a distancia.
Ante el crecimiento sostenido de la demanda de servicios en los Juzgados Familiares, en este rubro, el Poder Judicial también contempla la creación de un Juzgado Familiar adicional en Mexicali (donde actualmente hay tres) y transformar el Juzgado Cuarto Penal de Tijuana en uno Familiar, para esto se requiere un monto de 19.3 millones de pesos. Actualmente hay 8 Juzgados Familiares en el Estado, en donde se reciben por lo menos 18 mil inicios anuales, más de 800 trámites diarios a petición de parte y de oficio y en un año 2 mil 300 menores participaron en una situación jurídica.
Por otra parte destaca el proyecto de creación de dos Juzgados Mercantiles (uno para Mexicali y otro para Tijuana), con una inversión de 26.9 millones de pesos. Actualmente, existen 5 juzgados especializados en la materia Mercantil, en donde se atienen por lo menos 2 mil inicios anuales para cada juez, aunado a la atención brindada a 27,000 trámites a petición de parte.
Especial atención requiere el Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde es indispensable la renovación del parque vehicular que tiene más de 10 años de antigüedad, equipo de video vigilancia, renovación de equipo de cómputo, instrumental médico y de laboratorio, camillas, equipos de Rayos X, así como presupuesto para el mantenimiento y reparación de cuartos frigoríficos y mesas microquirúrgicas, además de la contratación de personal adicional y la regularización salarial del personal médico actual, para ello la inversión solicitada es de 14 millones de pesos.
Cada uno de estos rubros es indispensable para la impartición de justicia en Baja California, ya que es obligación mantener un Poder Judicial fortalecido y a la vanguardia en la atención al justiciable, así lo destacó el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.
Finalmente, el Magistrado Presidente destacó que el recurso humano es fundamental en el desarrollo de la actividad jurisdiccional en la entidad, a la fecha se cuenta con mil 960 trabajadores del Poder Judicial, de los cuales poco más de 400 son actuarios y secretarios cuyo ingreso salarial no se ha visto incrementado en más de 10 años, otros 400 aproximadamente como auxiliar administrativo cuyos ingresos son inferiores a 10 mil pesos mensuales.
El Magistrado Presidente, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto en encabezada por la Diputada Julia Andrea González Quiroz y el resto de los integrantes de dicha comisión, estuvo acompañado de forma virtual por la Consejera Magistrada Columba Imelda Amador Guillén y por los Consejeros Francisco Javier Mercado Flores, César Holguín Angulo y Julio César García Serna del Consejo de la Judicatura y personal de las áreas operativas de Presupuesto y Planeación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, al confirmar la validez de la reforma presentada por iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobada en el Congreso del Estado, para reducir en un 50% el financiamiento a partidos políticos.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, confirmó que la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PAN, PRD Y PT donde trataban de invalidar la Reforma a los Artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos para el Estado y seguir así recibiendo su financiamiento como hasta ahora.
“Es una iniciativa que envió el gobernador Bonilla al Congreso del Estado para que se redujera el 50% del presupuesto del financiamiento a los partidos; es una clara señal de que en el Gobierno de Baja California se busca evitar los excesos, ahora se ahorrará la Administración Estatal poco más de 74 millones de pesos anualmente, que pueden destinarse al pueblo”, dijo Rodríguez Lozano.
El Secretario General de Gobierno añadió que, para el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez, resulta positivo que el más alto tribunal del país con su sentencia les haya dado la razón, y mantener así el principio de tener un gobierno austero.
Uno de los argumentos de los partidos políticos fue que esta reducción al financiamiento público podría afectar la equidad del proceso electoral, argumento que fue desechado por los ministros de la SCJN, debido a que la reducción es proporcional para todos los partidos políticos.
El diputado del segundo distrito, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, su primer informe de actividades 2019-2020 ante el IEE, en el que destaca el avance de un 90 por ciento sus compromisos de campaña presentados ante el órgano electoral, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución del Estado.
El informe del diputado integrante de la XXIII Legislatura, fue recibido este jueves 3 de diciembre al filo del mediodía, por el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández Morales.
Víctor Navarro mencionó que, a un año de su función, tiene un avance de 90 por ciento de los compromisos que registró ante el órgano electoral y que se mencionan en su informe, además de que se pueden constatar a través de las páginas de transparencia.
Resaltó que ya es una realidad en el Estado, el tema de los presupuestos participativos que tienen que ver con la participación ciudadana y con las nuevas formas de hacer gobierno en Baja California, “para mí es un orgullo y lo digo porque los 25 diputados de todas las fuerzas políticas, estuvieron de acuerdo en esto”.
Se refirió también a que las empresas de Baja California van a ser prioritarias en la compra de bienes y servicios, siempre y cuando reúnan la calidad, en costo en precio y en tiempo, a través de los procesos de compras y licitaciones que haga el gobierno del Estado.
Otros de los temas abordados en su informe escrito, son los relativos a: salud, desarrollo sustentable y ecología con respecto a energías blancas, la luz solar y lo que genera para darnos energía eléctrica; además del tema de la seguridad en el Estado y el combate a la drogadicción que es un cáncer para Baja California.
Finalmente agradeció a su equipo técnico, y de gestión por las más de 17 acciones realizadas en el distrito, resaltando la entrega de becas y paquetes escolares para los niños, así como de cubrebocas en las colonias populares desde el inicio de la pandemia, anunciando que se continuará con la entrega de 40 mil más.
Cabe mencionar que, con anterioridad Víctor Navarro hizo entrega de su informe a la presidencia del Congreso local en un evento protocolario, para cumplir también con la obligación prevista en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
#ElCongresoDeLaGente
EL matrimonio igualitario es un tema que ha dividido las opiniones en una sociedad donde aún hay un gran grupo de a sociedad que se oponen y se manifiestan contra la aprobación del derecho a casarse para parejas del mismo sexo, que cada día son más y que necesitan la seguridad jurídica que les otorga el poder legalizar su unión ante las autoridades civiles. Montserrat Caballero, diputada impulsora de la Reforma que legaliza los matrimonios igualitarios, afirmó que siguen firmes y es una cuestión de partido y personal y “así como respetamos lo que opinan los demás diputados, nosotros pedimos respeten nuestra opinión”.
“Defenderemos los derechos de todos y todas, tenemos la firme convicción de que podemos sacar adelante el tema del matrimonio igualitario”, aseguró la diputada quien además reconoció que hay legisladores de MORENA que han votado en contra de esta polémica resolución que implica los derechos humanos de quienes tienen una preferencia sexual por personas de su mismo sexo.
Defender este tema en el Congreso del Estado, le ha costado a la Diputada Caballero que la amenacen de muerte, esos grupos que “aman la vida”, como ellos mismos afirman, pero parecieran estar dispuestos a matar a quienes no comparten sus opiniones respecto a las preferencias sexuales, evidenciando así que su amor es a imponer sus condiciones y no a la vida.
Todas las opiniones son válidas, pero los grupos de ultraderecha que ya han amenazado a la Diputada Caballero, no les basta hacer señalamientos, presionan e incluso hay figuras de la jerarquía católica, como el Obispo, que acuden al centro cívico a manifestarse cuando esto se vota, violando impunemente al carácter laico del Estado, sin embargo, ellos sienten estar en una “misión divina”, pues hasta el obispo de Mexicali ha ido con ellos a manifestarse.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al Gobierno del Estado, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, respecto a la iniciativa de ley referente a la eliminación de los diputados de lista.
La SCJN desechó las impugnaciones interpuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de Baja California (PBC) y resolvió a favor del Gobierno de Baja California las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en el documento 236/2000.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano explicó: «Ya lo dijo el Gobernador Jaime Bonilla, se acabaron los privilegios y en este caso la propuesta del Poder Ejecutivo aprobada por el Congreso y posteriormente impugnada por el PAN y el PBC, buscaba echar atrás esta reforma que es muy importante y que la gente estaba solicitando; no más diputados de lista, toda persona que quiera ser diputado tendrá que hacerlo por mayoría o representación proporcional pero haciendo campaña, pidiendo el voto en las calles y buscando la aprobación del pueblo”, dijo el Secretario General de Gobierno.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional el Decreto número 85, publicado el 24 de julio de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución local del Estado de Baja California y de la Ley Electoral de la entidad.
En primer lugar, la Suprema Corte determinó que fue válido el proceso legislativo que dio origen al Decreto número 85. En segundo lugar, el Pleno declaró la validez del artículo 27 BIS de la Ley Electoral de Baja California porque no vulnera la seguridad jurídica.
Rodríguez Lozano manifestó que esta decisión de la SCJN es histórica y va en congruencia con lo que el Gobernador Bonilla ha planteado desde un principio, que sea el pueblo quien decida y se acaben los privilegios de los partidos y sus cuotas de poder imponiendo legisladores de lista.
