por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
Lograr la pena máxima por los delitos que se les imputa a los ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla, que puede hasta 16 años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta 20 años, es la meta de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en este proceso que se les sigue por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, aseguró el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
Durante la conferencia mañanera de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Fiscal dijo que, a través del Ministerio Público, se investiga para una óptima integración de los elementos de prueba que coadyuven en la acreditación de los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado, contra los ex funcionarios de Jaime Bonilla.
Además, el Fiscal del Estado, señaló que a los exfuncionarios de la administración estatal pasada que fueron vinculados a proceso el pasado 25 de octubre en la ciudad de Mexicali, se les acreditó su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de las atribuciones y peculado, por lo que la FGE, busca que reciban la pena máxima que resulte para cada uno de los imputados que podría ser de hasta 16 años de prisión, así como la inhabilitación para desempeñar algún cargo público.
Ricardo Iván Carpio Sánchez, destacó la importancia de lograr un castigo ejemplar para quien haciendo uso de sus atribuciones causaron daño al patrimonio de los bajacalifornianos, lo cual no será tolerado, en este sentido, se realizan las gestiones necesarias que puedan contribuir con más elementos probatorios para que los exfuncionarios sean castigados con todo el peso de la ley.
La Fiscalía General del Estado, trabajará en estos dos meses de plazo que otorgó el Juez, para la investigación complementaria, a fin de reforzar el caso sólido y firme que hoy se tiene y así el Juez pueda tener los elementos suficientes y dictar la pena.
Cabe recordar que a los imputados Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”, se les impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual ante el juez, mientras que Karen “N” y Marco Octavio “N” comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.
