29 noviembre, 2022

Propone que Congreso del Estado participe activamente en designación de Fiscal General del Estado

REDSACCIÓN
THE BAJA POST

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado como una condición esencial para la autonomía de las fiscalías en América Latina y en México, que el proceso de designación del Fiscal General de la Federación se sujete a estándares internacionales aplicables, por lo que se ha insistido en la necesidad de hacer reformas para adecuarla.

Por lo anterior fue presentada, por oficialía de partes, iniciativa para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California y consiste en proponer que el Congreso del Estado tenga una participación activa en la designación del Fiscal General del Estado con criterios claros y respetando en todo momento los principios de máxima publicidad y transparencia, como parte de la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, es la de participar activamente dentro del proceso.

El actual Fiscal general del Estado, Ricardo Carpio Sánchez al momento de juramentar como fiscal de Baja California, ahora el Congreso del Estado busca participar activamente en la designación de este y otros cargos públicos.

La intención legislativa es poder contar con Designaciones Públicas en las que pueda monitorear el proceso y aportar información relevante sobre candidatas y candidatos para señalar y visibilizar posibles vínculos que requieren de mayor investigación en los antecedentes de las personas aspirantes al cargo de Fiscal General tal como sucede con la designación del Fiscal General de la República.  

La legisladora inicialista, Santa Alejandrina Corral Quintero, indicó que esta iniciativa pretende sentar las bases para prever los criterios y el procedimiento que utilizará el Congreso del Estado para integrar la primera lista con los mejores perfiles, realizar entrevistas públicas a las personas postulantes que cumplan con los requisitos, tener mecanismos efectivos de participación ciudadana y que sea prevista la obligación de argumentar, fundar y motivar la decisión sobre la elección.

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