Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP), el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó que en su presupuesto a ejercer en 2021 se le autorice un incremento del 50 por ciento.
Miguel Ángel Mora Marrufo, ombudsman de Baja California, acudió este día a presentar su proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, ante la Comisión de Hacienda que encabeza la diputada Julia Andrea González Quiroz.
En su exposición inicial, el presidente de este organismo subrayó que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la cantidad de quejas recibidas y, pese a ello, funciona con uno de los presupuestos más bajos de la república, lo que se agravó en el actual ejercicio a causa de la pandemia que azota a todo el país, ya que aumentaron considerablemente las quejas.
Precisó que en el año por concluir ejercieron un presupuesto de egresos por valor de 42 millones 157 mil pesos, mientras que para 2021 solicitó 63 millones 298 mil pesos.
Mora Marrufo compareció, aparte de la diputada Julia Andrea, ante las diputadas Eva Gricelda Rodríguez, secretaria de este órgano legislativo, así como la diputada Miriam Cano Núñez y el diputado Julio César Vázquez Castillo, todos ellos miembros de la citada comisión, así como las diputadas María Trinidad Vaca y María Luisa Villalobos Ávila.
El primer cuestionamiento dirigido al funcionario fue hecho por la diputada María Trinidad Vaca Chacón, quien luego de felicitar al ombudsman bajacaliforniano por su actuación en los casos de personas desaparecidas, en los que han trabajado de la mano con grupos que se dedican al esclarecimiento y búsqueda de las víctimas de desaparición, le preguntó que acciones pretende realizar para fortalecer este tema.
Al respecto, el funcionario explicó que esa es la razón para demandar mayor presupuesto, a fin de adquirir vehículos todo terreno, al igual que equipo electrónico que les permitan participar en la búsqueda de víctimas, además de aumentar el personal de que dispone la CEDH.
Por su parte, la diputada Miriam Cano pidió que se le detallara el aumento de más de 20 MDP que demandó el titular de este organismo y el porqué del incremento de 200 por ciento en el renglón de aportaciones patronales, así como de pasajes, con motivo de la violencia de género.
La respuesta fue en el sentido de que desde el 2016, fecha en que se incluyó al personal de la CEDH en el Issstecali, no se había cumplido con las aportaciones de ley, que es lo que busca hacer el año próximo, con la finalidad de ser congruentes con los derechos humanos de los empleados de la institución, “porque no les estamos proporcionando la protección necesaria”.
En su turno, la titular de esta comisión, diputada Julia Andrea González, reconoció que con las actualizaciones que se han dado en materia de fortalecimiento a la equidad de género, es necesario aumentar el personal para cumplir con esta tarea, por lo que ofreció su respaldo al ombudsman.
El Poder Judicial de Baja California, presentó el proyecto de Presupuesto para el año 2021, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, mismo que incluye tanto el Gasto Operativo cotidiano e indispensable, como Proyectos Estratégicos impostergables cuyo cumplimiento es mandato constitucional. La comparecencia se realizó en forma virtual.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, informó que para este año 2021, el proyecto presupuestal es de 2 millones 209 mil 450 921.89 pesos, el cual incluye mil 359 millones 706 mil 753.14 pesos para Servicios Personales ámbito que implica la fortaleza institucional porque en la nómina el 77% corresponde a personal jurisdiccional y de apoyo a la labor jurisdiccional; sólo el 23% a personal administrativo; 148 millones 010 mil 076.96 pesos para Gasto Operativo, mismo que posibilita que las funciones jurisdiccionales se lleven a cabo en un entorno austero, seguro y digno, y 701 millones 734 mil 091.79 pesos para Proyectos Estratégicos de alto impacto, que resultan impostergables y prioritarios para acercar la justicia a la ciudadanía.
Entre estos últimos destaca la habilitación de los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), en este caso el Poder Judicial cuenta con edificios especiales en Mexicali y Tecate, para habilitar ambos, es necesario una inversión de $6.4 millones de pesos para mobiliario, equipo y personal (psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares e intendencia).
Al respecto el Magistrado Presidente fue enfático al señalar que “las convivencias familiares no se están otorgando en las mejores condiciones ya que se han llevado a cabo entre comensales de restaurantes de comida rápida”, es por ello que resulta fundamental para brindar una certeza a las familias que se encuentran en situación de conflicto, contar con espacios seguros y bajo la vigilancia de personal adecuado.
La implementación de la materia Laboral, implicará un importante reto, el cual deberá cumplirse por mandato constitucional en el mes de octubre del año 2021 (decreto que reforma el Artículo 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Justicia Laboral). En este sentido, se requiere adecuación de espacios para la creación de juzgados especializados, equipamiento, gasto operativo y contratación de personal, al respecto la inversión estimada es de 204.1 millones de pesos.
De igual forma, en agosto del próximo año en apego al Decreto que reforma el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, se deberá cumplir con la difusión de versiones públicas de todas las sentencias que cada tribunal emita, para ello se requiere de renovación de equipo de cómputo, de servidores WEB, inmobiliario, entre otros, lo que implica una inversión de 31.6 millones de pesos. Al respecto se emiten más de 26 mil sentencias en promedio al año.
En el tema del Sistema de Justicia Penal Oral (SJPO), luego de 10 años de su implementación en Mexicali es impresindible la renovación del equipo tecnológico, así como la contratación de cuando menos seis jueces de control, un juez de ejecución, y personal jurisdiccional adicional. Esto con por un monto estimado de $69 millones de pesos.
Actualmente, en los Partidos Judiciales de Tijuana, Tecate y Ensenada, se encuentra en proceso la habilitación de las denominadas “Ciudad Justicia”, centros en donde se instalará el SJPO; en cada espacio es necesario la instalación de mobiliario, equipo de cómputo y personal, para sostener el crecimiento en la demanda del servicio. En este sentido, se estima una inversión de 118.6 millones de pesos para Tijuana; $87.3 millones de pesos para Ensenada y 74.6 millones de pesos para Tecate.
Ante la inquietud de la Diputada Claudia Agatón sobre la necesidad de fortalecer el próximo ayuntamiento de San Quintín el Presidente respondió que, de ahí la importancia de fortalecer al Tribunal Electrónico, en donde se solicitaron 29.4 millones de pesos, lo que permite la posibilidad de realizar trámites y llevar asuntos a distancia.
Ante el crecimiento sostenido de la demanda de servicios en los Juzgados Familiares, en este rubro, el Poder Judicial también contempla la creación de un Juzgado Familiar adicional en Mexicali (donde actualmente hay tres) y transformar el Juzgado Cuarto Penal de Tijuana en uno Familiar, para esto se requiere un monto de 19.3 millones de pesos. Actualmente hay 8 Juzgados Familiares en el Estado, en donde se reciben por lo menos 18 mil inicios anuales, más de 800 trámites diarios a petición de parte y de oficio y en un año 2 mil 300 menores participaron en una situación jurídica.
Por otra parte destaca el proyecto de creación de dos Juzgados Mercantiles (uno para Mexicali y otro para Tijuana), con una inversión de 26.9 millones de pesos. Actualmente, existen 5 juzgados especializados en la materia Mercantil, en donde se atienen por lo menos 2 mil inicios anuales para cada juez, aunado a la atención brindada a 27,000 trámites a petición de parte.
Especial atención requiere el Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde es indispensable la renovación del parque vehicular que tiene más de 10 años de antigüedad, equipo de video vigilancia, renovación de equipo de cómputo, instrumental médico y de laboratorio, camillas, equipos de Rayos X, así como presupuesto para el mantenimiento y reparación de cuartos frigoríficos y mesas microquirúrgicas, además de la contratación de personal adicional y la regularización salarial del personal médico actual, para ello la inversión solicitada es de 14 millones de pesos.
Cada uno de estos rubros es indispensable para la impartición de justicia en Baja California, ya que es obligación mantener un Poder Judicial fortalecido y a la vanguardia en la atención al justiciable, así lo destacó el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.
Finalmente, el Magistrado Presidente destacó que el recurso humano es fundamental en el desarrollo de la actividad jurisdiccional en la entidad, a la fecha se cuenta con mil 960 trabajadores del Poder Judicial, de los cuales poco más de 400 son actuarios y secretarios cuyo ingreso salarial no se ha visto incrementado en más de 10 años, otros 400 aproximadamente como auxiliar administrativo cuyos ingresos son inferiores a 10 mil pesos mensuales.
El Magistrado Presidente, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto en encabezada por la Diputada Julia Andrea González Quiroz y el resto de los integrantes de dicha comisión, estuvo acompañado de forma virtual por la Consejera Magistrada Columba Imelda Amador Guillén y por los Consejeros Francisco Javier Mercado Flores, César Holguín Angulo y Julio César García Serna del Consejo de la Judicatura y personal de las áreas operativas de Presupuesto y Planeación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, al confirmar la validez de la reforma presentada por iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobada en el Congreso del Estado, para reducir en un 50% el financiamiento a partidos políticos.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, confirmó que la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PAN, PRD Y PT donde trataban de invalidar la Reforma a los Artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos para el Estado y seguir así recibiendo su financiamiento como hasta ahora.
“Es una iniciativa que envió el gobernador Bonilla al Congreso del Estado para que se redujera el 50% del presupuesto del financiamiento a los partidos; es una clara señal de que en el Gobierno de Baja California se busca evitar los excesos, ahora se ahorrará la Administración Estatal poco más de 74 millones de pesos anualmente, que pueden destinarse al pueblo”, dijo Rodríguez Lozano.
El Secretario General de Gobierno añadió que, para el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez, resulta positivo que el más alto tribunal del país con su sentencia les haya dado la razón, y mantener así el principio de tener un gobierno austero.
Uno de los argumentos de los partidos políticos fue que esta reducción al financiamiento público podría afectar la equidad del proceso electoral, argumento que fue desechado por los ministros de la SCJN, debido a que la reducción es proporcional para todos los partidos políticos.
En sesión virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la diputada Julia Andrea González Quiroz fueron aprobadas diversas transferencias presupuestales entre partidas presupuestales del presente ejercicio fiscal, así como el acuerdo para el desahogo del Paquete Fiscal 2021.
Se aprobaron diversas transferencias con la finalidad de atender gastos administrativos, de mantenimiento de equipo y para la adquisición de material y equipo de limpieza por motivo de la contingencia sanitaria, para diversas instancias como la Secretaría de Inclusión, la de Integración Social, entre otras.
De igual forma, se aprobó transferencia en la “Secretaría General de Gobierno” para atender gastos relacionados con servicios de impresión, conservación y mantenimiento menor de edificios y locales; adquisición de muebles de oficina y estantería, así como equipo de cómputo y de tecnología de la información, reduciéndose la partida de Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable, en donde se presentaron ahorros al cierre del ejercicio.
A la Secretaría de Educación se le autorizaó transferencia presupuestal para adquirir equipo de cómputo que beneficiará a 600 alumnos de escasos recursos de Educación Media Superior y Superron transferencias presupuestales para que continúen sus estudios a distancia, durante la nueva normalidad por motivo del COVID-19, evitando el rezago educativo, esto en apego a las políticas del gobernador del Estado, en su compromiso con la población estudiantil de Baja California.
Por su parte, la Secretaría de Integración y Bienestar Social solicitó transferencia de recursos que se ahorraron con motivos de contingencia sanitaria para la adquisición de despensas para ser entregadas a personas vulnerables afectadas por la contingencia COVID.
En esta misma sesión se aprobaron transferencias presupuestales de recursos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, que con ahorros en algunas partidas buscan fortalecer el servicio en las Salas ubicadas en el municipio de Tijuana. Además, se autorizó ampliar la asignación de recursos a la “Oficialía Mayor de Gobierno” para la adquisición de material para atender la contingencia, compra de cubre de bocas KN95 y gel antibacterial.
Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, se requiere ampliar la partida de “Provisión para acciones, apoyos y obras para necesidades extraordinarias”. Fortaleciendo diversas instancias de salud, adquisición de material de limpieza y contratación de servicio de limpieza para atender la necesidad presentada en las diversas dependencias y entidades, que han aumentado a causa de la contingencia. Así como apoyos en las Jornadas de la Paz.
Finalmente, fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Punto de Acuerdo para el desahogo del Paquete Fiscal 2021, mismo que deberá ser votado en el Pleno, en el que se solicita que esta Soberanía cite a comparecer a los Titulares de las Entidades del Poder Ejecutivo, Presidentes Municipales, Poder Judicial, y Organismos Públicos Autónomos del Estado.
Esto con el fin de desahogar el análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y los Proyectos de Egresos para el Ejercicio fiscal 2021 en sesiones de trabajo ampliadas a todos los diputados integrantes de la XXIII Legislatura y que serán conducidas por esta Comisión de Hacienda y Presupuesto.
