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El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó ante el Pleno un proyecto de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado, con el propósito de establecer la prohibición categórica de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo identificadas técnicamente, así como obligar al Estado a garantizar vivienda social en suelo seguro en Tijuana y todo el Estado
Recientes acontecimientos en el municipio de Tijuana, donde cientos de familias han perdido sus viviendas por deslaves e inundaciones, evidencian una falla estructural en el marco jurídico que rige el desarrollo urbano y la ordenación del territorio
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advierten que en los últimos 50 años se ha quintuplicado el número de catástrofes vinculadas a fenómenos extremos, afectando de manera desigual a los países en desarrollo y a las comunidades más vulnerables. México y Baja California no son ajenos a esta realidad, pues la vulnerabilidad social se combina con una geografía cada vez más expuesta.
“Esta situación no es aislada, sino parte de un patrón nacional que expone a miles de familias a riesgos previsibles y recurrentes, por lo que urge transitar hacia una planeación urbana preventiva basada en evidencia técnica y científica”, indicó Ramón Vázquez.
En consecuencia, la propuesta del diputado Vázquez plantea tres ejes centrales: que los programas de desarrollo urbano se basen en estudios técnicos de riesgo actualizados, que se prohíba el uso de zonas de alto peligro para vivienda o actividades comerciales o industriales, y que el Estado garantice suelo seguro para vivienda social y reubicación de familias vulnerables.
“Legislar para prevenir asentamientos en zonas de riesgo es proteger la vida, la seguridad y el derecho a una vivienda digna. Esta reforma representa un cambio de paradigma, al pasar de la reacción ante desastres a la prevención sustentada en estudios técnicos y responsabilidad social”, subrayó el inicialista.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictaminación correspondiente.
