por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los miembros de instituciones policiales que simulen enfermedades con el fin de eludir sus responsabilidades laborales.
El legislador destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales representa una forma grave de corrupción administrativa, con efectos especialmente nocivos en el ámbito de la seguridad pública
La seguridad pública en los tres niveles de gobierno ha sido el servicio público más criticado por la sociedad bajacaliforniana, en los últimos años no se han obtenido los resultados deseados y cada vez se ha vuelto más una exigencia justificada de los ciudadanos de nuestro estado.
“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben de ser tratadas de una manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública simule estar enfermo para no presentarse a su trabajo tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, señaló.
La iniciativa propone adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer penas de seis meses a seis años de prisión y hasta doscientos días multa para aquellos elementos que dolosamente finjan una enfermedad para evitar prestar el servicio de seguridad que les ha sido asignado.
También considera una sanción para el personal médico que, de manera deliberada, emita una incapacidad médica sin causa justificada, contribuyendo a esta simulación
Jorge Ramos indicó que durante 2024 el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para actividades ajenas —e incluso contrarias— a la seguridad ciudadana, lo cual debilita la capacidad de reacción ante hechos delictivos.
“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Ramos Hernández.
