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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Informar número, uso y funcionamiento de cámaras de vigilancia instaladas en Baja Californian para la prevención y persecución del delito, por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza María Elena Andrade Ramírez, exigió en Tribuna la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero (PAN).
Es necesario buscar, a través de medidas legislativas, el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades obligadas a mantener la seguridad y paz en nuestra Baja California
En un exhorto que también incluyó a Presientes(as) Municipales, la diputada Corral Quintero expresó que “el tema de prevención del delito y la importancia de una estrategia coordinada de seguridad es y seguirá siendo de gran relevancia para nuestro Estado”.
Expresó que una de las primeras estrategias que el actual gobierno trató de implementar fueron las cámaras de videovigilancia, arcos lectores y botones de pánico, iniciativa que fue apoyada por la XXIV Legislatura y aprobada en Sesión Ordinaria en mayo de 2022.
La Legisladora consideró importante conocer la situación del tema de cámaras de seguridad en los Municipios y la propia Fiscalía del Estado a quien acaban de asignar las tareas del C5
En ese sentido, se autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar contrato de servicio plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Video vigilancia en el Estado de Baja California”, lo que significó el financiamiento para ampliar la cantidad de 200 a 4 mil cámaras en los siete municipios, 4 mil botones de pánico y arcos de vigilancia.
Señaló que esta estrategia no ha tenido un rumbo claro, ya que, a casi 3 años de haberse aprobado, la operación del llamado C5 ha pasado a manos de la FGE, dejando la responsabilidad de finalizar la instalación de las cámaras en el limbo, debido a que, en la autorización otorgada por el Poder Legislativo, la competencia de ejecutar el contrato del servicio plurianual correspondía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En ese sentido se exhorta a los Ayuntamientos a informar el número total de cámaras de videovigilancia instaladas con recursos propios, para acciones de prevención y persecución del delito, cuáles se encuentran en óptimas condiciones y en desuso, así como la coordinación que exista con la FGE para el acceso y uso de las mismas.
