8 diciembre, 2022

Debe haber congruencia y certidumbre de México en T-MEC para evitar sanciones: Consejo Mexicano Empresarial

REDACCIÓN
THE BAJA POST

La falta de congruencia del Gobierno de México en cuanto a su política energética y a los compromisos adquiridos en el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, conocido como T-MEC, debe corregirse, pues genera desconfianza e incertidumbre en los sectores público y privado de aquellos países, señaló en comunicado de prensa el Consejo Empresarial Mexicano (CEM).

Agregó que la solicitud de consultas en el marco del T-MEC de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá es una muestra del mal manejo de las relaciones comerciales y la política exterior, que deterioran la imagen de México en el extranjero.

El CEM plantea que este tema no es político, sino un asunto legal y comercial que la mayoría de Senadores y Senadoras de la República de la actual Legislatura avaló y subraya la necesidad de afrontar con seriedad los retos del T-MEC y evitar el proteccionismo que la actual administración que busca beneficiar a la CFE y a PEMEX.

El Gobierno de la México, debe respetar los acuerdos internacionales firmados ya que, al faltar a las obligaciones legales adquiridas por México, se violenta el Estado de Derecho y habría consecuencias jurídicas y económicas que los mexicanos pagaríamos con nuestros impuestos.

El Consejo Empresarial Mexicano enfatiza que el respeto a los compromisos adquiridos y la transparencia son un reclamo general de los empresarios de México, es de vital importancia dar certeza jurídica a nuestros socios comerciales y así permitir que  fluya el crecimiento de las inversiones del extranjero en nuestro país y afrontemos unidos los retos que plantea la economía global.

El T-MEC tiene mecanismos jurídicos, que podrían llevar a la reparación del daño causado por las medidas impuestas por el Gobierno Federal, y si el presidente López Obrador y sus funcionarios tienen tanta confianza en que NO violentan el tratado, los exhortamos a empeñar no sólo su palabra, sino su patrimonio para garantizar el pago a los daños causados por sus decisiones y políticas en contra de acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

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