por REDACCIÓN
THE BAJA POST
El Gobierno del Estado de Baja California tiene ya un total de 994 empresas auditadas y dictaminadas como “aguachicoleras”, cuyos montos de deuda por consumo no contabilizado o derechos de conexión, son por 2 mil 324 millones de pesos, de los cuales han sido ya recuperados o recabados poco más de $756 millones de pesos (mdp) en los meses recientes, informó la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa Martínez, al informar ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre las acciones que su dependencia ha ejecutado, conjuntamente con las auditorías realizadas por la firma privada Fisamex, a la que reconoció como eficiente y por lo cual se le paga una comisión del 20 por ciento de lo “recuperado”.
La funcionaria respondió a una pregunta ciudadana formulada durante la transmisión en vivo, aclarando que tal porcentaje es menor en 5% a lo que la anterior administración había convenido con la misma auditora, a la que contrató pero no le cumplió porque no convino los resultados arrojados que evidenciaban la “cloaca” en la que convirtieron a la CESPT.
“No solamente se le paga menos porcentaje a Fisamex, si no que quedó acordado que se le pagará una vez que ingrese el pago del deudor o deudora a las cajas recaudadoras (de los organismos operadores de agua y drenaje), como es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Previamente Manuel García, director de dicha firma, informó al detalle la complejidad de sus investigaciones con más de un centenar de subordinados que trabajan simultáneamente en Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana, de donde ya tienen resultados.
Son, hasta ahora, 994 empresas dictaminadas en Baja California, las cuales adeudan $2 mil 324 millones 784 mil pesos, de los cuales se ha podido recuperar $756 millones 606 mil pesos, con 31 denuncias penales presentadas, así como 39 carpetas de investigación, en donde están involucrados 137 empleados o funcionarios del organismo operador de agua.
Entre las anomalías de las carpetas de investigación, se refirió al concepto de “Defensa jurídica inadecuada, falta de seguimiento o abandono a los expedientes jurídicos”, en que incurrieron directores jurídicos y abogados de los organismos operadores de agua y drenaje; como un convenio firmado por la administración pasada, cuyo seguimiento jurídico “se pierde” a dos días de concluir el período gubernamental de Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, comprometiendo los recursos de esta administración por un monto de más de 100 millones de pesos
