27 septiembre, 2020

Apoyan diputados de MORENA de Baja California la demanda de Bonilla contra SCT

ALFREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR

Es peculiar ver que alguien invada terreno federal, impida cobros federales y piense que puede quedar impune, aunque se trate de un Gobernador, como es el caso de Jaime Bonilla que desafió a autoridades federales, recibió respuesta contundente y ahora demanda en tribunales a un elemento del gabinete de López Obrador, mientras los diputados de MORENA (por alguna razón) manifiestan su apoyo total en esta surrealista demanda.

Entre los diputados que apoyan a Bonilla, están Juan Manuel Molina (MORENA), Miguel Angel Bujanda (independiente)

Hace una semana, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, liberó una caseta de peaje federal, ubicada en Playas de Tijuana, para que la gente pasara sin pagar cuota por usar esa carretera, de acuerdo a un decreto y a la asesoría de su Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez, después de un acto relámpago, la caseta quedó liberada y un grupo de agentes de la Guardia Estatal junto con empleados del Gobierno Estatal, quedaron custodiando la caseta que está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia del gobierno federal.

El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú mandó Ejército y Guardia Nacional, a recuperar la castea de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (CAPUFE) y el reclamo de Bonilla y su gente es que fueron desalojados con violencia, el mandatarios olvida que él mismo mandó a desalojar a golpes a los choferes de UBER que protestaban contra las medidas recaudatorias que les quiere imponer el Ejecutivo del Estado, para trabar, bajo amenaza de cárcel si no entran al esquema del Instituto de Movilidad, creación del actual régimen en Baja California.

Jaime Bonilla reclamó que se haya agredido a los elementos policiacos y administrativos del Gobierno Estatal en el desalojo, el considera eso un atropello a los derechos humanos, pero parece olvidar el desalojo de los choferes de UBER que no quieren más que trabajar y han sido sujetos a la “Ley Bonilla del Transporte” que les exige un registro que (obvio) es una medida recaudatoria y sin ese registro pueden ser sujetos de 6 meses a 6 años de cárcel.

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