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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Los fraudes electrónicos, robo de información personal y otras modalidades delictivas vinculadas al entorno digital, han causado estragos entre ciudadanos que han caído en varios esquemas, manifestó el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.
Fortalecer las acciones preventivas en materia de delitos patrimoniales, fraudes y riesgos digitales es urgente, dijo el Diputado Mogollón
El legislador busca que se incorpore dentro de las atribuciones de coordinación institucional estrategias de información, orientación, difusión y concientización dirigidas a proteger a la ciudadanía de mecanismos de engaño, fraudes en línea y conductas que pongan en riesgo su patrimonio, seguridad o datos personales.
Mogollón señaló que la transformación tecnológica genera beneficios para la sociedad, sin embargo, también surgen nuevas formas de fraude y delincuencia que afectan directamente a miles de personas mediante falsas inversiones, ofertas de empleo fraudulentas, ventas engañosas en plataformas digitales y robo de identidad.
En ese sentido, propone establecer una coordinación interinstitucional de seguridad para implementar estrategias enfocadas en la prevención de delitos patrimoniales, fraudes y riesgos digitales, mediante campañas permanentes de información y orientación ciudadana.
Además, que el Programa Estatal de Seguridad Ciudadana incluya acciones, metas y subprogramas específicos orientados a la prevención de delitos patrimoniales, riesgos digitales y mecanismos de engaño.
Fidel Mogollón destacó que, por la condición fronteriza y alta conectividad tecnológica y comercial, Baja California requiere herramientas más sólidas para enfrentar las amenazas emergentes del entorno digital y con esta reforma, se fortalece el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana y se promueve una cultura de protección, denuncia y uso responsable de las tecnologías.
Abundó que el fraude continúa entre los delitos de mayor incidencia en el país, mientras que el porcentaje que no se denuncia, conocido como cifra negra, supera el 90 por ciento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos.
