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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Para fortalecer la coordinación institucional y generar acciones legislativas y de política pública orientadas a garantizar la seguridad, justicia y protección de mujeres y niñas en la entidad, el Pleno del Congreso aprobó la creación de la Mesa Técnica de Trabajo Permanente para la Prevención, Atención y Seguimiento de Casos de Violencia de Género, propuesta presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende.
La Diputada señaló que la violencia contra las mujeres en Baja California es un problema grave, persistente y estructural, reconocido por organismos internacionales, instituciones nacionales y estatales de derechos humanos
“La entidad enfrenta altos índices de violencia feminicida, violencia sexual, violencia familiar, desapariciones y violencia institucional, así como agresiones contra mujeres jornaleras, migrantas, niñas, adolescentes, mujeres indígenas, trabajadoras de maquila y mujeres en situación de movilidad o precarización laboral”, precisó Michel Sánchez.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública y de instituciones locales, Baja California continúa registrando niveles preocupantes en delitos como feminicidio, homicidio doloso, violencia sexual violencia familiar, y muchas llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género, pese a que la Alerta de Violencia de Género está vigente desde 2021.
En ese sentido, la Mesa Técnica tendrá como objetivo recabar, en un espacio seguro y confidencial, testimonios y diagnósticos sobre las diversas manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres del estado, incluyendo violencia feminicida, sexual, familiar, vicaria, institucional, comunitaria y digital. Con esta información, se formularán propuestas legislativas, y de política pública orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y acceso a la justicia.
Asimismo, se invitará a la Secretaría de las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Salud, el Escuadrón Violeta, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y cualquier otra instancia pertinente para formar parte de este mecanismo.
El acuerdo contó con el respaldo de diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, quienes reconocieron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para atender la violencia de género en Baja California.
