por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
En Baja California, hay 502 mil 479 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.3% de la población total, de estas personas, el 37.9% son económicamente activas y muchos de estos adultos mayores sufren de violencia por abandono, negligencia, uso indebido de su dinero, bienes y propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.
La iniciativa busca saldar deuda histórica con adultos mayores, reconociendo su dignidad, autonomía y derecho a vivir con bienestar y fue tunada a comisiones para análisis y dictaminación, tiene 68 artículos permanentes y cuatro transitorios, integrados en ocho capítulos.
Por ese motivo, la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo (Morena), presentó una iniciativa para crear la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Baja California, que tiene como objetivo general la defensa del adulto mayor, con una institución especializada, autónoma y con capacidad de gestión, que vele por la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
La legisladora expone que el envejecimiento poblacional es una realidad creciente en nuestra sociedad. De acuerdo con datos oficiales, el número de personas mayores de 60 años ha aumentado significativamente en las últimas décadas, y se proyecta que continuará en ascenso.
A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos, las personas adultas mayores continúan enfrentando situaciones de discriminación, abandono, violencia, negligencia en el acceso a servicios de salud, pensiones insuficientes y exclusión en la toma de decisiones que afectan su vida. Esta realidad evidencia la necesidad de contar con un organismo especializado que actúe con independencia, enfoque integral y capacidad para incidir en políticas públicas.
Advierte que la planificación del desarrollo exige tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población para tener una visión preventiva. En el corto plazo es fundamental atender las necesidades de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación plena en la sociedad, mediante el impulso de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares.
En lo que corresponde a la iniciativa en el artículo tercero propone que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tenga su domicilio legal en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Para los fines de cobertura de atención a los adultos mayores, se instalarán oficinas en los municipios de Tijuana y Ensenada sin perjuicio de instalarse en otros municipios del Estado, según la necesidad operativa y bajo la disponibilidad presupuestaria.
