por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
En los últimos días, el caso relacionado con el Rancho Izaguirre, en el Estado de Jalisco, ha generado una serie de versiones contradictorias, que han originado alarma, desinformación e inestabilidad en la opinión pública.
Las declaraciones de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el gobierno federal, las autoridades locales de Jalisco, así como los testimonios de organizaciones civiles y medios de comunicación nacionales e internacionales, han contribuido a confundir aún más los hechos que rodean este caso.
Mientras que algunos aseguran que el rancho fue utilizado como un campo de exterminio con hornos crematorios, otros desmienten esta afirmación y aseguran que sólo funcionaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento de sicarios
Este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó un informe sobre la detención de José Gregorio ‘N’, alias El Lastra, líder de una célula delictiva vinculada al reclutamiento. En su declaración, Harfuch confirmó que el rancho Izaguirre efectivamente funcionaba como un centro de adiestramiento, y negó que haya existido evidencia de que fuera un campo de exterminio.
Por otro lado, la apertura del predio para los medios de comunicación y los colectivos de madres buscadoras, realizada el jueves 20 de marzo, ha sido objeto de críticas debido a la falta de un protocolo adecuado.
La visita, que algunos calificaron como un «tour», no fue gestionada de manera apropiada y pudo haber alterado las pruebas en el lugar, lo que complica aún más la investigación. Además, las madres buscadoras expresaron su descontento al no recibir la información necesaria sobre el propósito y procedimiento del recorrido, lo que generó incertidumbre y molestia.
Ante esta situación compleja, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) propone con carácter de urgencia la creación de una Comisión de la Verdad, con la participación de expertos internacionales, para esclarecer lo ocurrido en el Rancho Izaguirre y garantizar una investigación exhaustiva.
Esta comisión debe contar con la participación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y con los encargados de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Es imperativo que la verdad detrás de los hechos sea revelada con transparencia y que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Las y los mexicanos, especialmente los familiares de las personas desaparecidas, tienen el derecho de conocer la verdad y que se haga justicia ante cualquier violación de sus derechos humanos.
Asimismo, reiteramos nuestra solidaridad con los colectivos de madres buscadoras, quienes desde el inicio de este caso no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades federales y locales.
