por 
ALEJANDRO GARCIA
THE BAJA POST/STAFF
Por una posible vulneración de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en los actuales procesos electorales, local y federal, que transcurren en Baja California se ordenó a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el retiro de una fotografía que publicó en sus redes sociales en enero pasado en las que aparece junto a Norma Bustamante Martínez y Netzahualcóyotl Jauregui Santillán, aspirantes en ese entonces a la candidatura a la candidatura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Mexicali.
Lo anterior surge como parte del acuerdo número ACQyD-INE-178/2024 de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se dicta la medida cautelar contra la mandataria, a quien se le señaló como responsable de supuesta promoción personalizada en favor de sus compañeros de partido señalados.
La imagen aludida se trata de una fotografía de Ávila Olmeda justo a Bustamante Martínez y Jauregui Santillán que fue compartida en las redes sociales por la Jefa del Ejecutivo Estatal el pasado 25 de enero. Dicho acto provocó la denuncia interpuesta por el ahora candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Mexicali, Francisco Fiorentini Cañedo.
Las medidas cautelares dictadas hacia la Gobernadora fueron dos: abstenerse de seguir haciendo promoción personalizada en favor de Norma Alicia Bustamante Martínez, Claudia Sheinbaum Pardo y Nezahualcóyotl Jauregui Santillán, así como de cualquier contendiente en los procesos electorales en curso y respetar el principio de equidad en la contienda; dos, retirar de manera provisional de su página oficial de Facebook la publicación señalada.
De la misma forma, se giraron medidas contra Bustamante Martínez y Jauregui Santillán, a quienes se les instruyó abstenerse de seguir asistiendo en calidad de interventores y/o participantes a eventos proselitistas, así como eventos financiados con recursos públicos.
La denuncia recorrió un trayecto largo, comenzando el 29 de enero, cuando el empresario mexicalense presentó la queja ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE BC), organismo que la desecho el 31 de ese mismo mes. El 06 de enero el Tribunal Estatal Justicia Electoral de Baja California (TEJ) ratificó el acuerdo del Instituto.
Para el 10 de febrero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la incompetencia de los organismos electorales locales para decidir sobre la denuncia debido a que los actos señalados podrían afectar el proceso federal.
