2 agosto, 2021

Cobros y auditorías del agua del Gobierno del Estado son irregulares, afirman empresarios afectados

ALFREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR

Crece el desencuentro entre empresarios de Baja California y el Gobiuerno del Estado, por el tema de los cobros de agua que el Ejecutivo Estatal ha estado realizando a empresarios en situación supuestamente irregular en sus pagos, abrió un nuevo capítulo esta semana cuando los Consejos Coordinadores Empresariales llamaron a rueda de prensa  para externar su inconformidad con el tema.

Mientras el Gobierno del Estado informa de alrededor de mil 500 millones de pesos cobrados a empresas que no pagaban derechos o consumo de agua, uno de sus programas más importantes, los empresarios bajacalifornianos, a través del Consejo Coordinador Empresarial argumentan que los cobros son ilegales y que se litigarán en tribunales, con la confianza de un resultado final favorable para ellos.

Informaron que emprenderán una serie de demandas civiles y penales contra los organismos operadores del agua y funcionarios estatales, ante la serie de arbitrariedades cometidas en el cobro de supuestos adeudos por consumos y servicios de empresas y particulares, la respuesta del Estado vino en palabras de la Secretaria de Honestidad.

Al día siguiente de la declaración de los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California, la secretaria Vicenta Espinosa afirmó que se han detectado alrededor de 5 mil millones de pesos en irregularidades en el tema del agua, las “aguachicoleras” bautizadas así por el Gobernador Jaime Bonilla, son empresas que presuntamente tenían irregularidades en lo referente al consumo y pago de agua.

Espinosa afirmó que han recuperado alrededor de mil 5000 millones de pesos, del adeudo total de 5 mil millones que las auditorías han determinado, pero los empresarios afirman que han sido amenazados y presionados, dificultando así su derecho a la defensa legal, además de expresar su desacuerdo y rechazo a que la empresa que hace las auditorías se lleve el 20% de lo recuperado, pues en caso de ganar los litigios y lograr la devolución, será difícil cobrar esa parte de los montos.

Sin embargo, el Gobernador Jaime Bonilla, ha dicho que después de años de impunidad, estas empresas tendrán que pagar y que su descontento se debe precisamente a que tienen que desembolsar enormes montos que no pagaron o derechos que no cubrieron, pero los CCEs del Estado afirman que se unirán para tratar de revertir estos cobros que ellos consideran irregulares e ilegales.

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