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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Evitar que instituciones de Educación Superior privadas obstaculicen la obtención de títulos profesionales, es importante para su crecimiento y desarrollo profesional, por ello, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Baja California para sancionar la omisión del trámite y los condicionamientos de pago no autorizados.
Universidades Privadas exigen tramitología complicada y algunas cobran indebidamente a graduados para obtención de su Cédula Profesional
La legisladora de Morena expuso que en la entidad existen alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Sin embargo, señaló que hay casos en los que las escuelas o universidades se han negado a tramitar los títulos profesionales de sus egresados, situación que ha llevado a algunas personas a recurrir a la vía judicial para obtenerlos.
“Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa. La titulación es una etapa fundamental para acreditar su preparación y continuar con su desarrollo profesional”, indicó Maythé Méndez.
Bajo esa premisa la reforma contempla modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación estatal para sancionar la omisión del trámite de certificados, constancias, diplomas o títulos de quienes hayan concluido sus estudios, así como el condicionamiento de estos documentos al pago de contraprestaciones no autorizadas en los planes y programas correspondientes.
Como sustento jurídico, la inicialista retomó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce que las universidades privadas pueden equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional a una persona egresada que cumple los requisitos aplicables.
Las sanciones económicas previstas en la legislación van de mil a siete mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de 117 mil a 821 mil pesos, conforme al valor vigente en 2026.
