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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Establecer como obligación de las personas trabajadoras recibir y acreditar capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres, es el eje central y objetivo principal del Dictamen 11 aprobado en el Pleno de la 25 Legislatura de Baja California.
La propuesta estipula como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público
El dictamen aprobado por unanimidad de diputadas y diputados presentes, respecto a una iniciativa de Reforma a la Ley de Servicio Civil de Baja California fue planteada por el diputado Diego Lara Arregui, con la perspectiva de género en mente.
En la exposición de motivos el legislador señala que la violencia de género constituye una problemática estructural que también se manifiesta en espacios institucionales y, aunque la Ley de Capacitación en Materia de Género ya establece la obligatoriedad de formación para personas servidoras públicas, en la Ley del Servicio Civil no se contemplaba de manera expresa esta obligación, por lo que esta omisión representaba una barrera significativa para lograr una transformación real y duradera dentro de las instituciones.
En el análisis de la Comisión dictaminadora, se valoró el principio de progresividad de los derechos humanos como fundamento para fortalecer las medidas de prevención dentro del servicio público, se consideraron los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con la reforma aprobada, se adiciona una fracción X al artículo 53 para establecer como obligación de las personas trabajadoras “recibir y acreditar las capacitaciones obligatorias en materia de género, de prevención y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, armonizando así el marco normativo estatal con la legislación vigente en la materia.
El diputado Diego Lara reconoció que esta formación constante representa no sólo un derecho para quienes integran el sistema, sino también una responsabilidad ética, política y social, por lo que es una vía estratégica para construir instituciones sólidas, equitativas, libres de violencias y comprometidas con los derechos humanos.
