por 
SANTOS ESTRADA AVILES
THE BAJA POST/STAFF
Lo que por meses se susurró en los pasillos de los módulos de riego ha dejado de ser un rumor para convertirse en una cruda realidad: el dinero se acabó y, con él, las promesas de justicia para los productores del Distrito 014 en el tema del Acta 330.
El director de cuenca, Manuel Guerrero, no mentía al decir que no hay fondos para cubrir las 14 mil 900 hectáreas del ciclo 2023/2024, ni mucho menos las 7 mil 500 del ciclo 2025/2026. La pregunta es: ¿en qué momento se perdió el rumbo?
La narrativa oficial nos habla de un acuerdo histórico de 65 millones de dólares, distribuidos en un 60% para los productores y un 40% para infraestructura manejada por CONAGUA. Se prometió un millón 250 mil dólares a cada uno de los 22 módulos para obras. Sin embargo, la realidad actual es un estira y afloje que sólo deja ver saldos negativos.
EL BORRÓN Y CUENTA NUEVA DE LOS GRINGOS
Resulta indignante la postura de la sección estadounidense de la CILA, respaldada por las declaraciones de Luévano Grano. Argumentar que la situación política, los aranceles o el incumplimiento del Tratado en el Río Bravo son moneda de cambio para rajarse del Acta 330 es una falta de respeto a la soberanía y al esfuerzo del productor mexicano.
Si el compromiso eran 65 millones de dólares, ¿cómo pretenden ahora que solo se paguen 21.3 millones? Esos 43.7 millones de dólares que desaparecieron del mapa presupuestal son el patrimonio de miles de familias. La excusa de que las condiciones cambiaron es simplemente una forma elegante de decir que el compromiso ya no les conviene.
Pero no busquemos culpables solo al otro lado de la frontera. El río está revuelto también aquí. Se rumora con fuerza que la CILA americana detectó lo que muchos sabíamos: el programa de descanso de tierras fue una simulación en varios frentes. Hubo predios que se reportaron como «en descanso» pero que fueron sembrados bajo el amparo y complicidad de los directivos de los módulos.
Esos mismos directivos que hoy operan con total impunidad el desvío de maquinaria, diesel y lubricantes, mientras los asociados que se atreven a protestar son vetados. El huachicoleo del agua no solo es de quien abre una compuerta ilegal; es de quien, desde un escritorio en el módulo, firma documentos falsos para beneficiarse personalmente.
Hay una pregunta técnica que la CILA debe responder con transparencia: ¿Cuántos millares de metros cúbicos se quedaron realmente en el Lago Mead? Si solo se pagaron 22 mil hectáreas, pero se entregaron los 493 millones pactados… ¿Quién se quedó con la diferencia? Regalar el volumen y no recibir el pago no es un error administrativo, es un despojo.
Señora presidenta Claudia Sheinmbaum Pardo, usted ha declarado que se acabó el huachicoleo del agua y que busca acotar las concesiones mediante decretos. Sin embargo, si su plan es quitarle 124 millones de metros cúbicos al campo para abastecer a las ciudades de la zona costa de Baja California, debe entender algo: el agua tiene dueño.
A los colonos y pequeños propietarios la tierra y el derecho de riego les costó dinero y décadas de trabajo. Si el Estado pretende despojar por decreto a los usuarios de gravedad, lo mínimo que corresponde es una indemnización a valor de mercado, tal como cotiza en la bolsa de valores. No se puede construir la justicia social de las ciudades sobre la quiebra y el robo al productor del valle.
El Acta 330 se está convirtiendo en un monumento a la opacidad. Es hora de que las cuentas claras aparezcan, antes de que el campo termine por secarse bajo el sol de la corrupción y el incumplimiento.
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