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REDACCIÓN
THE BAJA POST
En el penal de La Mesa de Tijuana, donde tres mujeres internas realizaron transmisiones en vivo a través de redes sociales, es un hecho que deben explicar la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) y al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), aseguró la diputada Alejandrina Corral Quintero.
EL incidente, difundido en medios y redes sociales, generó un debate público sobre la seguridad, control y supervisión al interior del centro penitenciario de CESISPE
La legisladora calificó el hecho como grave, no sólo por la violación de los protocolos de seguridad y de las normas que regulan la posesión y uso de dispositivos electrónicos dentro de los penales, sino también por las posibles implicaciones en materia de derechos humanos, ante versiones que señalan presuntas represalias o sanciones irregulares en contra de las personas privadas de la libertad involucradas.
En este sentido, Corral Quintero, considera indispensable la intervención de la CEDHBC para dar seguimiento al caso, a fin de verificar que no existan actos de represalia, abuso de autoridad o violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad, garantizando en todo momento el debido proceso.
Ante esta situación, hizo un llamado a que las autoridades competentes actúen con plena transparencia, objetividad y responsabilidad institucional; en este caso corresponde al Gobierno del Estado, a través de la CESISPE llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades del personal encargado de la seguridad y administración del centro, así como garantizar que las medidas correctivas que se adopten se apeguen estrictamente a la legalidad.
Por lo que en el exhorto se solicita al titular de la CESISPE, José Gabriel Gálvez Beltrán, informe al Congreso del Estado sobre cuatro aspectos concretos: 1.- Los sistemas de seguridad vulnerados; 2.- Las autoridades responsables que por acción u omisión permitieron el uso de dispositivos; 3.- Las acciones de responsabilidad administrativa o de naturaleza penal aplicadas a los servidores públicos responsables; y 4.- Las medidas de seguridad adoptadas para evitar la repetición de hechos similares.
