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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Para garantizar los derechos de transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de datos personales, el Congreso del Estado aprobó una reforma integral que adecúa el marco jurídico local a los nuevos lineamientos federales, consolidando un sistema estatal que privilegia la transparencia activa, la apertura institucional y la participación ciudadana.
La reforma compete al Dictamen No. 57 de la Comisión de Gobernación, el cual fue presentado ante el Pleno por conducto del diputado Juan Manuel Molina, en seguimiento a la iniciativa enviada por la titular del Poder Ejecutivo
El 29 de agosto de 2025, la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, presentó la propuesta en la que consideró la abrogación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Como parte del mismo proyecto, la inicialista también propuso la expedición de dos nuevos ordenamientos: la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional y la Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público, ambas aplicables al Estado de Baja California.
La reforma se fundamenta en principios de simplificación orgánica, optimización de recursos públicos y fortalecimiento institucional
Se asignan nuevas responsabilidades a órganos internos de control y órganos desconcentrados, con el propósito de asegurar la independencia funcional, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la información.
Las nuevas leyes incorporan criterios jurisprudenciales emitidos por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estándares de lenguaje incluyente y accesible, principios de gobierno abierto y transparencia con enfoque social.
Además, se introduce un apartado específico sobre apertura institucional como modelo de colaboración entre sociedad y Estado, y se establecen nuevas obligaciones en materia de Gobierno Abierto, fomentando la reutilización de la información pública conforme a metodologías del Sistema Nacional.
En este sentido, las nuevas autoridades garantes en el ámbito local estarán conformadas por: Transparencia para el Pueblo, propuesto como órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Contraloría Interna del Poder Legislativo; el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial; y los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.
