
ALFREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR
La Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, propuso que el proceso de admisión de personas con Espectro Autista a Educación Primaria, no debe condicionarse a un examen de conocimiento, que decida su ingreso a escuelas primarias privadas, debiendo cumplir con lo estipulado por el artículo 17 de la Ley General para Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista.
Exhortó al Secretario de Educación, Luis Gallego Cortez, dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes Generales de Educación, para atención y protección a personas con la condición del Espectro Autista, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 37 de la Ley de Educación de Baja California, y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Diputada Peñaloza señaló lo siguiente en comunicado de prensa:
“Cumplir con supervisión y vigilancia en escuelas primarias privadas, para garantizar educación inclusiva para niñas y niños, que tengan la condición del espectro autista, sin que se condicione su admisión mediante la aplicación de exámenes”.
“El Estado autoriza a particulares brindar educación básica, apegados a lo que dicta la Constitución, deberán impartir educación con planes, criterios y programas apegados a los Derechos Humanos y no discriminación en cualquiera de sus modalidades”.
“Nos toca a las y los diputados, al formar parte del conglomerado social del Estado, contribuir con la debida supervisión de las escuelas particulares de educación básica en el Estado, para que éstas se encuentren debidamente registradas en el Sistema Educativo Estatal, cumpliendo con su supervisión y la vigilancia de sus planes y métodos pedagógicos”.
“Inclusive en los procedimientos de admisión a dichos centros educativos, debido a que, durante años sus propietarios han desarrollado un método de impunidad, al crear situaciones que afectan la salud mental de niñas, niños y adolescentes, negando su incorporación al Sistema Educativo, que conlleva a violentar los derechos humanos de este núcleo de población vulnerable, y que deben de ser respetados y resguardados en la Constitución Política”.

