por 
Por Alejandro García/THE BAJA POST
En año y medio desde que fueron aprobadas las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Baja California, conocida como Ley Vicaria, no hay un solo caso judializado por este delito en la entidad, denunció Fernanda Olguín, del colectivo Desertika.
Con peligro de que se vuelva “letra muerta”, la activista acudió este 19 de septiembre al Congreso del Estado para plantear este escenario a diputadas y diputados locales, así como un documento donde se plasman las omisiones que deben de subsanar en la Fiscalía General del Estado (FGE), para poder ofrecer justicia con ésta perspectiva a las víctimas.
Acusó al organismo de justicia de moldear las denuncias que se han realizado bajo ésta legislación para clasificar los actos dentro de otros delitos.
“Tenemos año y medio con este tipo penal y resulta que en Fiscalía n hay una sola vinculación a proceso por el delito de violencia vicaria. ¿Fiscalía que está haciendo? Está reclasificando los casos a delitos como retención o sustracción de menores o violencia familiar ¿Cuál es la causa? Que no hay elementos” sostuvo la entrevistada.
Esto, señaló Fernanda Olguin, se trata de una forma más de invisibilizar este problema por parte de las autoridades y, de esta forma, no tener que responsabilizarse en atender o erradicar violencia de éste tipo.
Para poder superar este limbo que hay en la aplicación de la Ley Vicaria, en primer lugar, se tienen que utilizar valoraciones psicológicas enfocadas en la víctima. En segundo lugar, no hay personal capacitado para atender a personas afectadas por violencia vicaria, y en eso radica el problema de la reclasificación de delitos, pues el personal existente “aconseja” a las victimas presentar denuncias por otros delitos para poder atenderlas.
La Violencia Vicaria es cuando la ex pareja en una relación utilizar a los hijos que se hayan procreado durante la unión para lastimar psicológicamente a la mujer.
