por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
El cierre de las oficinas de PROFEPA en Mexicali en julio de 2021, afectó gravemente la protección de los recursos naturales, parques nacionales, zonas protegidas y humedales que se ubican en nuestra entidad. Además de mermar los tiempos de atención a las incidencias o emergencias ambientales, ha afectado a permisionarios, consultores, gestores y ciudadanos, que ahora deben trasladarse a Mexicali para presentar denuncias.
El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó un exhorto a Omar Javier Durán Contreras, titular de convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a fin de que dicha autoridad federal delegue facultades para llevar a cabo actividades de investigación, inspección, verificación y vigilancia en la materia, particularmente en la zona costa.
Otro efecto de este cierre de PROFEPA que ha afectado significativamente, es la capacidad de respuesta institucional en temas ambientales, dejando al garete este tema y trayendo, como consecuencia, una serio daño al medio ambiente, ante una austeridad absurda que ha dañado muchos aspectos de la vida nacional pero que tiene que ser aceptada sin chistar de acuerdo a los dogas de MORENA:.
“Como ejemplo, hace un año tardamos más de un mes en poder presentar una denuncia en materia ambiental ante PROFEPA, por la contaminación presente en las playas de Ensenada y Tijuana, dado que el personal responsable del área se encontraba de vacaciones, sin nadie que realizará estas funciones en su ausencia”, informó el legislador del PAN.
A nivel local, la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado, creada en 2013, comenzó formalmente sus actividades en 2024, cuando el Ejecutivo Estatal estableció las condiciones presupuestales y operativas necesarias para designar a su titular.
Este organismo público descentralizado, con autonomía operativa y financiera, tiene como objetivo defender el derecho de los habitantes del Estado a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, promoviendo y vigilando el cumplimiento de las leyes ambientales.
Diego Echevarría expresó que la pretensión es fortalecer la cooperación entre las autoridades ambientales federales y locales, además de consolidar su compromiso para ampliar su presencia territorial y optimizar su capacidad de respuesta institucional, con el objetivo de implementar acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible del estado».
Por tratarse de un tema que requiere solución inevitable, el Pleno del Congreso acordó turnar la proposición a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para organizar una mesa de trabajo entre ambas instituciones, así como con las y los diputados, con el fin de abordar la problemática y generar acuerdos efectivos permanentes.
