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Por el delito de daño patrimonial en contra del estado el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echevarría Ibarra, presentó una denuncia penal contra el ex gobernador, Jaime Bonilla Valdés, y una serie de ex funcionarios en su administración que hayan participado en la contratación de la firma auditora Fisamex durante el pasado gobierno estatal.
Algunos de los denunciados, cabe resaltar, aún continúan en funciones en el actual gobierno del estado.
Acompañado de las otras diputadas de Acción Nacional en el Congreso de Baja California y dirigentes locales del blanquiazul, el legislador mexicalense presentó el recurso legal en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque, admitió, está casi seguro que no avanzará, ya que en otras ocasiones se han realizado denuncias parecidas y no han visto que tengan progreso.
Junto al ex mandatario estatal (ahora con el Partido del Trabajo), la denuncia abarca al ex titular de la Secretaria de Protección, Saneamiento y Manejo del Agua (Seproa), Salomon Faz; el ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y actual titular de la Seproa, Armando Fernández Samaniego; y al ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) y actual alcalde de Tecate, Darío Benítez.
Entre los datos arrojados por Echevarría Ibarra están la recaudación de Fisamex durante los dos años de gobierno de Bonilla Valdés, la cual superó los 1 mil 600 millones de pesos en todo el estado. Sin embargo, solo en Mexicali el actual gobierno de Baja California ha tenido que regresar más de 130 millones de pesos por juicios perdidos contra empresas afectadas por los cortes del servicio del agua. El diputado calcula, que por lo menos se tendrán que regresar 300 millones de pesos por el mismo concepto.
