25 noviembre, 2020

Demanda Bonilla a autoridades federales por “violento desalojo” de la Caseta de Playas de Tijuana

ALREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR

Hace una semana, Jaime Bonilla decidió “liberar” una caseta de cobro de CAPUFE, (Caminos y Fuentes Federales de Ingresos), sin embargo, estaba extralimitándose en sus atribuciones al invadir instalaciones federales, unas horas después de ese acto “sin precedentes”, como lo calificó la dirección de Comunicación Social en boletín de prensa, elementos de la Guardia Estatal y el Ejército desalojaron a policías y empleados estatales que “custodiaban” la caseta.

Esos “custodios”, eran manifestantes que bloqueaban el funcionamiento de instalaciones federales, que aportan varios millones de pesos al mes a la Federación, por ello el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, envió la fuerza pública a desalojarlos, sin embargo, Bonilla Valdez enfureció y ha pedido la cabeza del secretario Jiménez por la violencia con que desalojaron a su personal.

Sin embargo, parece olvidar que él mismo ordenó un desalojo violento de los manifestantes de UBER y otras plataformas digitales a los que quiere obligar a registrarse, más con la intención de recaudar que de ordenar a esas plataformas digitales que ofrecen un servicio eficaz y de calidad, a diferencia de los taxistas tradicionales, ahora que le aplican la misma medida a su gente: “es una injusticia y un abuso de autoridad”, en sus propias palabras.

Por esa razón el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a nombre del Gobierno de Baja California interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de distintas autoridades por despojo y el uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina Armada de México en la toma de la caseta de peaje de Playas de Tijuana.

¨Vengo a nombre del Gobierno de Baja California a presentar esta denuncia penal por abuso de autoridad, contra distintas autoridades, por ejercer estos derechos sin tener sustento jurídico, por despojo, ya que llegaron a las 3 de la mañana utilizando la fuerza sin que mediara la disposición de ningún juez, usaron la fuerza bruta, usaron la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional”, dijo Rodríguez Lozano.

El Secretario General de Gobierno explicó que la denuncia también contempla el uso ilícito de atribuciones y facultades, porque todas estas autoridades no tenían ningún derecho para poder otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y en el año 2011; asimismo la denuncia es por el ejercicio indebido del servicio público.

“Por eso vinimos a la FGR para poner esta denuncia en contra de los funcionarios que resulten responsables, desde los anteriores hasta las autoridades actuales que siguen manteniendo esa concesión basados en actos ilegales”, dijo el Titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, (SGG).

El funcionario estatal dijo que esta carretera fue construida por el entonces Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y la concesión se venció en el año de 1997; por lo que a partir de ese momento la carretera tuvo que haberse convertido en patrimonio de Baja California, una carretera de libre acceso.

Rodríguez Lozano explicó que a partir de entonces autoridades distintas como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) Banobras, y posteriormente en otro sexenio nuevamente SCT y CAPUFE, sin tener derecho o autorización y sin estar basados en ninguna ley dieron una concesión primero por 20 años y luego por 40 años más. “Esta última concesión la dieron en el 2011 sin hacerlo de conocimiento público, por lo que tendrían ellos derecho de mantener – sin tener las atribuciones – la utilización de esta carretera hasta el año hasta el año 2051, lo que es un gran abuso, por eso interpusimos esta denuncia penal”, finalizó diciendo el Secretario General de Gobierno.

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