por REDACCIÓN
THE BAJA POST
Una clínica que había sido clausurada en San Felipe el 13 de Junio pasado, por no contar con licencias, protocolos de sanidad y seguridad contra el COVID19 y con nueve empleados que habían resultado positivos a Coronavirus, siguió funcionando y cuando elementos de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios lo descubrió, una persona trató de sobornar a los inspectores primero con 500 dólares y después con 2 mil 500 dólares y una estancia en El Dorado Ranch.
La clínica Baja Medical, que operaba en el fraccionamiento El Dorado Ranch, en el puerto de San Felipe es el centro de atención de este problema, dijo el Director de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, quien explicó que se empezó a investigar luego recibir quejas de los trabajadores que denunciaron que no contaban con medidas de seguridad, ni protocolos para la prevención de casos de COVID-19; incluso seis empleados resultaron positivos, entre ellas la propia administradora del lugar. De las irregularidades detectadas, Gámez Servín, señaló que se trata de un consultorio médico que ofrece servicios de clínica, sin contar con la autorización correspondiente: no tiene aviso de funcionamiento, no aplica protocolos de seguridad e higiene para trabajadores y pacientes, falta de sanitización, carece de equipo de esterilización para el instrumental quirúrgico, no cuenta con deposito especial para los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI). Además, no se encontró título o cédula profesional del médico responsable, por lo que se procedió a la clausura inmediata del lugar.
Asimismo, informó que una persona que se identificó como director del lugar, de nombre Edgar Orozco, trató de sobornar a los verificadores al ofrecerles 500 dólares para que retiraran los sellos del lugar sin haber solventado las observaciones mencionadas. Posteriormente, les ofreció dos mil 500 dólares y un fin de semana en las instalaciones del Dorado Ranch, para evitar la clausura del lugar. A pesar de que el establecimiento fue cerrado, durante un actual recorrido de trabajo por el puerto de San Felipe, personal de la COEPRIS se percató que había movimiento en el sitio y al llegar se dieron cuenta que los sellos habían sido violados y en el interior se encontraba una persona laborando que se identificó como la administradora del lugar.
Ante tal situación, de nueva cuenta se instalaron los sellos de clausura y se levantó el acta correspondiente sobre los hechos. Al continuar con las investigaciones en torno a la operación de este establecimiento, las autoridades estatales descubrieron que existe un adeudo por concepto de impuesto predial por un total de 60 millones de pesos, así como de un millón 600 mil pesos de adeudo de agua y la revalidación de los permisos para la venta de alcohol en el restaurante-bar del lugar.
Por lo que corresponde a la COEPRIS, se procedió a presentar dos denuncias ante la Fiscalía estatal por intento de soborno a los funcionarios públicos y la remoción de los sellos; además de que se dio aviso de los hechos a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, a fin de que se deslinden responsabilidades. Gámez Servín, destacó que se trata de un hecho sin precedente en la actual administración, debido a que es la primera ocasión en que se procede legalmente en contra un establecimiento por el delito de intento de soborno. Finalmente, reiteró que las instrucciones del Gobernador del Estado, y el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, son muy precisas para no permitir actos de corrupción e irregularidades en establecimientos y proceder legalmente en todos los casos que sea necesario, por lo que así se ha trabajado en la COEPRIS bajo la coordinación del Titular David Gutiérrez Inzunza.
