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Exhorta Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria a trigueros de Valle de Mexicali a no quemar residuos de cosecha

REDACCIÓN
THE BAJA POST

Dada la importancia de proteger el medio ambiente, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA) exhortó a productores del Valle de Mexicali a evitar las quemas de los residuos de trigo que quedan en sus parcelas, ya que, al hacerlas, dañan la calidad del aire y lastiman el suelo productivo.

El titular de la SCSA, Héctor Haros Encinas, invitó a los productores que den una utilización a la paja de trigo a través de la reincorporación en su suelo agrícola, para mejorar sus condiciones, también utilizarla como alimento para el ganado o para realizar infraestructuras ecoturísticas como cabañas o casas de campo.

Indicó que si bien es cierto las quemas agrícolas son acciones que efectúan los productores para reducir tiempos operativos y costos, no se están midiendo los alcances que conlleva la emisión de contaminantes al medio ambiente, lo que ocasiona un deterioro de la calidad del aire del valle y la ciudad.

Por otra parte, Haros Encinas señaló que, a través de la SCSA podrían aplicarse sanciones económicas a todos aquellos que resulten responsables de dichas prácticas, ya que se está buscando y trabajando para que se le otorgue esa facultad a la dependencia estatal.

Para la evaluación de estas sanciones se revisaría su gravedad de acuerdo con el Artículo 188 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, donde señala que para la sanción se tomará en cuenta el impacto a la salud pública, generación de desequilibrios ecológicos, impacto al ambiente y los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas y estatales.

Impulsa Secretaría de Medio Ambiente la responsabilidad forestal de comunidades originarias en «Julio, mes de los bosques»

REDACCION
THE BAJA POST

Las comunidades originarias tienen ser la punta de lanza para implementar acciones que ayuden a revertir los problemas que enfrentan los bosques, como la deforestación, mientras que las instituciones deben complementar esta labor para garantizar que esta sea conforme a la Ley, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista de sus habitantes. A dicha conclusión llegaron Víctor Jurado, comunero de Santa Ana Tlacotenco y Daniela Moreno Cabello, representante de la organización Jóvenes comuneros y comuneras de Milpa Alta, al participar en el panel “El trabajo comunitario y autónomo para la conservación del bosque, la defensa de la madre tierra y el territorio de Milpa Alta”.

Durante el encuentro virtual organizado por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, en el marco de los festejos del Mes del Bosque, que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente, los ponentes destacaron que cuando se habla del cuidado del bosque en la Ciudad de México se debe tener en cuenta que se trata del 60% de su territorio y que es suelo de conservación, por lo que su cuidado es fundamental para la vida y sustentabilidad de esta urbe.

Subrayaron que para ello es necesario dialogar con las personas que viven en estos ecosistemas, ya que son ellas las que enfrentan a diario los problemas que han derivado de la ruptura que tenía el ser humano con la naturaleza y que se definía por una cosmovisión en la que se consideraba al espíritu del bosque.

Víctor Jurado advirtió que los verdaderos comuneros tienen una relación horizontal con el bosque, ya que lo consideran un hermano, de manera que cuando toman algo de él le retribuyen. Sin embargo, en los últimos años se ha dado un cambio de mentalidad y a estos espacios sólo se les contempla como una mercancía, por lo que terminan por explotarlos bajo una visión vertical en la que el ser humano se coloca sobre la naturaleza.

Recordó que un ejemplo de ello fue la situación que enfrentó Milpa Alta luego de que un fenómeno meteorológico ocasionó la caída de varios árboles en 2010, por lo que, para evitar incendios, con la aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente se determinó aprovechar la madera de los troncos caídos.

Sin embargo, esto se tradujo en una ocasión para que se comenzaran a talar árboles vivos, mientras que muchos de los troncos caídos en esa ocasión siguen en el suelo sin ser aprovechados.

Al respecto, Daniela Moreno advirtió que la labor de las instituciones solo se ha limitado a la simple intervención, sin tener en cuenta la percepción de quienes viven el problema, por lo que lejos de favorecer una participación de los pueblos solo intentan aplicar medidas que no ayudan.

A ello se suma la creencia de que las mujeres no tienen injerencia en la tierra, por ello en Milpa Alta sólo 30% son propietarias y a nivel comunal son pocas las que están reconocidas como tal, a pesar de que han demostrado que tienen mucho que aportar.

Lo anterior, dijo, llevó a la comunidad de Santa Ana Tlacotenco a darse cuenta de que como comuneros “si no somos punta de lanza, no tiene sentido” por lo que sus acciones más recientes han partido de asambleas que consideran la participación de la comunidad para implementar acciones con el apoyo de las autoridades, y no al revés.

Como resultado de ello, Víctor Jurado aseguró que se ha logrado reducir la tala hasta en 70% y adelantó que con la ayuda de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se logrará detener el problema al 100%, pero sin ningún tipo de intervención arbitraria.

La clave, dijo, ha sido reconstituir el tejido comunal y el objetivo es rescatar esta visión en la que el hombre se considere parte de la naturaleza, por lo que debe mantenerse un diálogo constante con ella para garantizar una respuesta sana y equilibrada.

Siete transiciones ambientales que cambiarán el rumbo de Mexico en materia ambiental

REDSACCIÓN
THE BAJA POST

Ante el deterioro social y ambiental que enfrenta nuestro país, derivado de políticas públicas fallidas de administraciones neoliberales, la Secretaría de Medio Ambiente de la Cuarta Transformación presentó en días pasados una hoja de ruta que consta de siete transiciones ambientales cuyo propósito es responder a la obligación del Estado de garantizar un ambiente sano y propicio para el bienestar de las personas.

Este haz de transiciones conforman una política de emergencia, restauración y conservación de los elementos vitales que requerimos como un derecho humano esencial: aire limpio y respirable, bosques y agua para el bienestar social, transición energética, alimentos sanos, hábitat apropiado, reciclaje de residuos y hogares y comunidades sustentables.

Las siete transiciones son:

1. Forestal, agroecológica y pesquera (alimentos, bienes y servicios ambientales). Incluye silvicultura, agricultura, ganadería y pesca ecológicamente responsables, manejo forestal para la provisión de bienes y servicios ambientales, biofábricas, mercados orgánicos y justos, consumo responsable, alimentos sanos, no transgénicos y no agroquímicos; suelo, aire y agua libres de contaminación.

2. Hídrica. Derecho humano al agua, justicia hídrica, huella hídrica, manejo integral del agua, nueva ley del agua, gestión democrática del agua, rescate de ríos y cuerpos de agua y rescate y regeneración ecológica de cuencas hidrológicas en ciudades y comunidades.

3. Energética. Soberanía y seguridad energética, eficiencia energética, energías renovables locales y descentralizadas, soberanía y seguridad energética, gestión ciudadana de la energía, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y transición integralmente ecológica.

4. Biocultural (conservación). Protección biológica y cultural de los territorios bajo un enfoque intercomunal, bosques para el bienestar, gestión forestal comunitaria, protección de la diversidad biocultural, conservar produciendo y producir conservando, cogestión social de ANP y diálogo de saberes para el fortalecimiento de la memoria biocultural.

5. Urbano-industrial. Ciudades y comunidades sustentables, control de emisiones y gestión adecuada de residuos industriales peligrosos, manejo de residuos sólidos urbanos; transporte accesible, asequible, regulado   y limpio; aire limpio, economía solidaria, eco tecnologías, innovación tecnológica sustentable en procesos productivos, promoción de patrones de producción y consumo sustentables y actualización de la normatividad.

6. Educativa. Fortalecimiento de una visión formativa y educativa, escuelas verdes, eco pedagogías, educación ambiental obligatoria, centros ciudadanos de sustentabilidad, arte ambiental, ecoparques, formación de recursos humanos especializados para impulsar la transición ecológica y la investigación para la sustentabilidad; divulgación y comunicación ambiental.

7. Ciudadana, justicia y gobernanza ambiental. Ciudadanización y territorialización de la política pública, formas emergentes de participación, diálogo social y construcción de acuerdos, regiones y espacios de esperanza, participación efectiva en la toma decisiones y acceso a la justicia ambiental.

Para realizar estos procesos transformativos, la Secretaría articula programas interinstitucionales, intersectoriales y con los gobiernos estatales y locales; además, establece alianzas estratégicas con el Poder Legislativo, el sector productivo, la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.