por 
SANTOS ESTRADA AVILÉS
THE BAJA POST/ESPECIAL
Cortesía: https://www.facebook.com/martinbojorqueztapia/
El Consejo Directivo y de Vigilancia del Módulo de Riego Número 8 enfrenta una severa crisis de credibilidad tras evidenciarse un manejo errático de los recursos asignados por CILA y adeudos que golpean directamente el patrimonio de los agricultores. Durante la asamblea extraordinaria del pasado 25 de agosto, quedó al descubierto un desorden administrativo que ha dejado a cientos de hectáreas sin el pago correspondiente por el descanso de tierras estipulado en el Acta 330.
El punto crítico de la reunión fue la distribución de poco más de 8.3 millones de pesos, equivalentes a un volumen de 5.6 millones de metros cúbicos para 2026
Al transparentar los padrones, el gerente de la asociación, Ing. Rigoberto López García, reveló la existencia de tres listados de usuarios rezagados de los ciclos agrícolas 2024/2025 y 2025/2026, sumando un total de mil 620 hectáreas con pagos pendientes.
Ante la insuficiencia de fondos, la asamblea se vio forzada a votar una medida perjudicial: repartir el recurso únicamente entre los dos primeros grupos (965 hectáreas a razón de 8 mil 604 pesos cada una), dejando en el abandono a 655 hectáreas. Estos últimos usuarios perdieron en su totalidad: dejaron de sembrar, no rentaron su agua y su dotación por hectárea se esfumó sin recibir un solo peso.
La inoperancia de la directiva se agrava con una serie de anomalías financieras y logísticas insostenibles:
— Ingresos fantasma: Durante la sesión, el Ing. Jorge Zazueta Camacho evidenció una factura de más de 3 millones de pesos pagada por organismos operadores de la costa a la directiva, la cual no aparece en el informe financiero de marzo. El presidente del consejo, Martín Castro Frías, optó por el silencio absoluto ante el reclamo.
— Sobreinscripción irresponsable: Para el ciclo 2025, el módulo tenía un tope de mil 451.20 hectáreas con un pago convenido de 16 mil pesos por cada una. La directiva ignoró el límite e inscribió mil 857.5 hectáreas. Este exceso diluyó el recurso, reduciendo el pago a solo 12 mil 400 pesos por hectárea.
— Fondos perdidos por CONAGUA: Los recursos correspondientes a las 914 mil 77 hectáreas del año 2024 desaparecieron bajo la justificación de CONAGUA de utilizarlos en «obras de infraestructura» de las cuales no existen avances ni proyectos técnicos presentados.
Este colapso administrativo no es exclusivo del Módulo 8; refleja una descomposición que permea en la mayoría de los 22 módulos de la región. Ante este escenario, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego del Río Colorado (ANURC) ha canalizado una demanda penal contra los módulos y la SDRL. Simultáneamente, el Congreso local ha exigido una auditoría federal urgente para deslindar responsabilidades y frenar lo que perfila como un desfalco sistemático en agravio del campo bajacaliforniano.
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