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REDACCIÓN
THE BAJA POST
El Instituto Estatal Electoral de BC (IEEBC) debe tener su propio Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) propio, evitando la contratación de terceros y reduciendo el gasto público en cada elección, propone la diputada María Teresa Méndez Vélez en iniciativa de reforma de Ley presentada.
El PREP es un gasto creciente para IEEBC, en 2015-2016 fueron 11.6 millones de pesos, en la elección 2022-2023 se triplicó, con casi 34 millones de pesos
“No podemos permitir que el PREP siga representando aumentos exorbitantes para las finanzas públicas; es una obligación legal que el IEEBC lo implemente con recursos propios, como ya ocurre en otros estados”, señaló la inicialista.
Este incremento se debe a que el IEEBC carece de un PREP propio y, en cada proceso electoral, recurre a la contratación de proveedores externos para su operación, lo que ha generado cuestionamientos sobre su costo-beneficio.
La iniciativa establece que el Consejo General del IEEBC deberá aprobar una instancia interna encargada del desarrollo, implementación y operación del PREP, con la posibilidad de auxiliarse de terceros únicamente si se justifica y se aprueba por mayoría calificada.
“La austeridad debe ser un principio rector en los procesos electorales; contar con un PREP propio no solo reduce costos, también fortalece la transparencia y la confianza ciudadana en los resultados”, recalcó Méndez Vélez.
En sesión ordinaria, la diputada también presentó un exhorto dirigido al rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y al consejero presidente del IEEBC, para que retomen los trabajos de coordinación y colaboración que permitan desarrollar un PREP propio y garantizar su implementación en el proceso electoral ordinario 2026-2027.
El exhorto recuerda que, pese a acercamientos previos entre el IEEBC y la UABC, el proyecto fue suspendido por falta de respuesta institucional de la máxima casa de estudios. Por ello, la legisladora morenista subrayó la necesidad de retomar el esfuerzo y cumplir con la obligación legal de contar con un sistema propio que garantice eficiencia, austeridad y credibilidad.
