23 julio, 2026

Embarazo infanmtil y juvenil, gtrave problema social que se debe afrontar y prevenir: Valle Ballesteros

REDACCIÓN
THE BAJA POST

El embarazo infantil y juvenil es un problema social serio que rezaga el desarrollo de la sociedad y en México es grave y frecuente, por ello, el Diputado Humberto Valle Ballesteros propone incorporar, definir y tipificar en el marco jurídico estatal, la figura y delito de embarazo infantil, un rezago social que, en México se ha convertido en una «plaga» y es resultado del abuso sexual contra menores de edad, muchas veces a manos de sus propios familiares.

La reforma propuesta establece, agravantes si el delito ocurre contra menores de 14 años o personas con discapacidad; incremento de sanción cuando derive en embarazo infantil y, medidas de protección familiar, incluida la posible pérdida de patria potestad.

El Legislador propuso fortalecer mecanismos de protección integral de las víctimas y establecer consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de los daños ocasionados, es decir, agravar las sentencias para este tipo de delios en una iniciativa impulsada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, desde el Congreso de la Ciudad de México.

Para estos efectos, Valle Ballesteros, presentó una Iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambos de Baja California.

Subrayó que persisten fenómenos que lesionan gravemente la dignidad humana y comprometen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez, como el embarazo infantil.

Con esta enmienda el legislador reafirma el compromiso de construir un Baja California más justo, más seguro y más humano, donde ninguna niña vea truncado su proyecto de vida como consecuencia de la violencia, desigualdad o la falta de protección institucional.

En atención a lo anterior, propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la incorporación del concepto de embarazo infantil, como tipo de violencia y tiene por objeto reconocerlo como expresión directa de violencia sexual estructural.

Así mismo, permite su atención dentro del sistema estatal de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y activar protocolos de atención especializada en salud, justicia y protección social.

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