por 
REDACCIÓN
THE BAJA POST
El pasado martes 16 de junio, la Sra. Ana Quirino, quien encabeza al grupo de usuarios defensores del agua almacenada en el lago Mead —y que aún no se ha pagado—, convocó a una reunión para informar sobre los avances del movimiento. Este programa de descanso de tierras, sustentado en el Acta 330 firmada el 15 de marzo de 2024, convenía la entrega de un volumen de 493 millones de metros cúbicos (equivalentes a 44 mil hectáreas de riego) a cambio de un pago de 65 millones de dólares por parte de Estados Unidos, sin que la CONAGUA haga nada al respecto.
Una vez más, el sector agropecuario es relegado, falsas promesas y acuerdos no cumplidos por parte del Gobierno Federal y la CONAGUA en este caso
En un principio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretendía entregar a los productores apenas el 10% del valor por hectárea considerado en el acta. Esto significaba que, de los 1,450 dólares por hectárea originales, el usuario recibiría solamente 140 dólares (unos 2 mil 380 pesos de aquel momento). Una suma verdaderamente irrisoria si se compara con lo que reciben los rancheros del Valle Imperial por acre-pie de agua; allá en Estados Unidos no andan con regateos: el ranchero que cede su volumen al gobierno recibe su dinero de manera íntegra e inmediata.
Aquí en México, en cambio, se fueron casi dos años en jaloneos. Conagua pretendía quedarse con el 90% de los 65 millones de dólares bajo el pretexto de realizar obras en la red de canales (tanto en la red menor como en la mayor). Querían desviar un fondo cuyo fin original era hacer justicia a los usuarios y derechosos del distrito de riego.
Tras múltiples reuniones de los dirigentes defensores del famoso movimiento «90/10» —que incluyeron la toma de las oficinas de Conagua—, se logró el acuerdo de que el 60% de los recursos se dispersaría entre los usuarios inscritos en el programa, mientras que el 40% restante se destinaría a la infraestructura hidroagrícola del distrito.
En el convenio final de los 65 millones de dólares, se asignó 1 millón 250 mil dólares para cada uno de los 22 módulos de riego, ya fueran de gravedad o de pozos federales. A cada módulo se le asignó una cuota de hectáreas para ingresar al programa, diferida en tres partes (una fracción por cada año considerado en el acta). A los usuarios inscritos les corresponderían 16,000 pesos por hectárea. Sin embargo, al abrirse las mesas de registro, algunos módulos rebasaron la superficie asignada y la fecha límite, dejando fuera a muchos productores.
Pero ocurrió algo peor: de las 44,000 hectáreas pactadas en el pago total, en la primera etapa solo se liquidaron cerca de 22,000 a mediados de 2025. ¿Y las otras 22,000 restantes para cuándo? Hoy se rumora que la cifra pendiente podría recortarse a solo 13,000 hectáreas.
A principios de 2026, los usuarios volvieron a tomar las oficinas de Conagua para presionar por el pago restante. La sección mexicana de la CILA tuvo la desfachatez de enviar a un funcionario de apellido Luévano a dialogar con los manifestantes. Este personaje tuvo el descaro de asegurar a la dirigencia del movimiento que Estados Unidos había cancelado el pago de las hectáreas pendientes debido al cambio en las condiciones políticas.
Al enterarse de tal declaración, Manuel Guerrero entró al quite desmintiendo a Luévano, pero comprometiéndose a pagar solamente 5,600 hectáreas más para completar un total de 27,000. Las otras 17,000 hectáreas estipuladas en el acta quedaron flotando en el aire y, según Guerrero, ya no se van a pagar… aunque el volumen de agua correspondiente sí se quedó depositado en el lago Mead.
Al final, Manuel Guerrero se comprometió con la nueva dirigencia a que, a más tardar en este mes de junio, quedaría liquidado el saldo de las 5,600 hectáreas y los 5 millones de dólares pendientes. Sin embargo, el mes expira y solo ha habido evasivas y mentiras. Por ello, en la asamblea del 16 de junio celebrada en el ejido Nuevo León, se tomó la determinación de acudir el pasado jueves 18 de junio a la sesión del Congreso del Estado para solicitar formalmente el respaldo de los 25 diputados locales.
Cabe destacar que la diputada María Yolanda Gaona siempre ha mantenido su apoyo al grupo defensor. Incluso, en una de las reuniones entre usuarios y funcionarios, tuvo la osadía de proponer auditorías exhaustivas para todas las directivas de los módulos, la SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), el Banco de Agua y, de paso, a la propia Conagua. La reacción de los directivos de los módulos y de la SRL no se hizo esperar: pusieron el grito en el cielo y tapizaron a la legisladora de improperios.
Ante este drama, la asamblea acordó exhortar al pleno del Congreso del Estado el envío de un documento al director general de la Conagua, Efraín Morales, solicitando una auditoría integral a todo el sistema que administra el agua de riego en el distrito
Como corolario, queda en evidencia que los usuarios del Valle de Mexicali están hartos de sus directivos de módulo. Manuel Guerrero y la CILA utilizan como pretexto para no pagar el argumento de que los módulos se han retrasado en la entrega de los registros de usuarios. No obstante, llama poderosamente la atención la declaración de Rafael Buenrostro, presidente del Módulo de Riego No. 10, quien afirma de manera categórica que jamás se les ha solicitado dicha información.
La pregunta obligada es: ¿Por qué el flamante jefe del distrito de riego, Jorge Alejandro Lomelí, como máxima autoridad en el Comité Hidráulico, no ha girado un oficio de urgencia a los presidentes de los módulos para que remitan esas listas de una vez por todas y se le acaben los pretextos a Manuel Guerrero?
La plaza está sumamente caliente. De no haber respuestas claras, en la próxima reunión del grupo defensor bien podría acordarse la toma —por enésima vez— de las instalaciones de Conagua y la exigencia de destituir a Manuel Guerrero como director del Organismo de Cuenca, pues el funcionario, lejos de resolver los conflictos, los agranda. Mientras tanto, la gobernadora del estado y Efraín Morales parecen estar en Babia.
Para colmo de males en este esquema de descanso de tierras, está el asunto del agua que se envió a la zona costa. La gobernadora prometió una compensación económica de 70 millones de pesos para los 1,200 usuarios inscritos. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Baja California (SADERBC), dicho pago se realizaría en el mes de julio; pero la misma dependencia se contradice al agregar que se dispersará «en varios ciclos». Una divagación y falta de certeza en las declaraciones oficiales que los productores del Valle ya no están dispuestos a tolerar.
