por 
SANTOS ESTRADA AVILES
THE BAJA POST/ESPECIAL
A dos años de su firma, ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni las dos secciones de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas) han podido cumplir el compromiso de pagarles a los derechosos el porcentaje acordado. Tras rechazar el raquítico 10% que pretendía imponer Conagua, los usuarios lograron pactar un esquema de 60/100 que, hasta el día de hoy, sigue sin materializarse en sus bolsillos.
Después de haberse pregonado por tres años el programa de descanso de tierras bajo las Actas 323 y 330 del Río Colorado, la realidad ha terminado por golpear de frente a los productores usuarios de agua del Valle de Mexicali
El compromiso original firmado en el Acta 330 estipulaba la entrega de un volumen equivalente a 493.396 millones de metros cúbicos, correspondientes a una superficie de 44,854 hectáreas (has) en descanso durante el periodo 2024-2026.
UN DESORDEN FINANCIERO Y OPERATIVO
Para el primer año (2024), el acta consideraba el pago de 14,924 has con un volumen de 164 millones de metros cúbicos y un monto de 21.612 millones de dólares. Ese dinero jamás llegó a los usuarios.
Conagua argumentó que el recurso se recibió en México, pero se destinó unilateralmente a la infraestructura hidráulica de los módulos de riego, asignándoles a cada uno 1.250 millones de dólares. En resumen: el año 2024 se perdió por completo para los productores inscritos.
Para 2025, el acta programó 22,427 hectáreas con una bolsa de 32.5 millones de dólares. Sin embargo, la realidad de ventanilla fue otra: sólo se registraron 21,122 hectáreas por un monto de 22.8 millones de dólares. A la cifra pactada le rasuraron 1,305 hectáreas, lo que significó 9.5 millones de dólares menos.
Por si fuera poco, Conagua prometió que a cada hectárea le tocarían 16,000 pesos, lo cual se convirtió en otra falacia. Los directivos de los módulos no respetaron la superficie asignada y permitieron la sobreinscripción. Al momento de repartir el dinero, el pastel se dividió entre tantos que la cifra oficial se pulverizó: unos recibieron 12,500 pesos y otros apenas 7,500. Un absoluto desorden propiciado por la mala administración interna.
Lo único que sí es un hecho es que los 493.396 millones de agua ya están depositados en el Lago Mead. Una aportación que, para acabarla de amolar, de nada sirvió, ya que el nivel del lago sigue en picada
El saldo al día de hoy: A escasos meses de concluir la vigencia del Acta 330, sólo se han pagado 21,250 hectáreas (22.8 millones de dólares), quedando pendientes de pago 23,732 hectáreas. Para colmo, el Director de Cuenca de la Península de Baja California ya declaró que sólo se pagarán 5,000 hectáreas adicionales para cerrar en 26,122. El resto —es decir, 18,732 hectáreas— quedará flotando en el aire.
LA AMENAZA DEL 2027: MÁS RECORTES Y LA LEY DE AGUAS
El panorama que viene es aún más negro. Al terminar el 31 de diciembre de 2026, las actas 323 y 330 perderán vigencia, pero ya se cocina el siguiente documento que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Este prevé un recorte y ahorro de 308 millones de metros cúbicos para el Bienio 2027-2028.
Esto significa que, adicional al recorte actual de 99 millones de metros cúbicos, se quitarán 154 millones en 2027 y otros 154 millones en 2028. Si a estos tijeretazos les sumamos los 124 millones de metros cúbicos que la presidenta de la República pretende entregar a las ciudades de la costa, el volumen restante sólo alcanzará para regar 109,800 hectáreas por gravedad… o menos, si los pronósticos restrictivos aumentan.
A la par, la inminente Ley General de Aguas viene a poner el último clavo en el ataúd. Dicha legislación enmarca que los usuarios que no utilicen su agua no podrán destinarla a otro uso que no sea el agrícola. Por lo tanto, se acabará la venta de agua a la costa. Los módulos de riego que sobrevivían financieramente gracias a estas transferencias se quedarán sin capacidad económica
