por 
TIFFANY ABISH
THE BAJA POST/ STAFF
Valeria, de 21 años, fue obligada a declarar hasta en siete ocasiones por la Fiscalía pese a estar hospitalizada, ciega y en silla de ruedas.
Un diagnóstico erróneo y el suministro de medicamento controlado agravaron irreversiblemente su salud; las autoridades ministeriales indagan al hermano que la defendió, mientras el agresor sigue libre.
Tijuana.- La madre de Valeria, Isabel Silva García, denunció que su hija ha sido víctima constante de revictimización por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunado a esto una presunta negligencia médica mantiene en estado crítico la salud y el acceso a la justicia de la joven de 21 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia por parte de su padre, Luis Daniel «N».
A pesar de la gravedad del caso, la respuesta de las autoridades de Baja California ha sido cuestionada por la familia, debido a las constantes trabas burocráticas y poco avance de la carpeta que al día de hoy no ha sido judicializada.
De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, Valeria ha sido obligada a comparecer y declarar hasta en siete ocasiones ante fiscalía y el área de psicología, bajo el argumento reiterado de las autoridades de que «no les quedaba claro» el relato de los hechos debido a cuestiones de tiempo y lugar.
Las citaciones ocurrieron incluso cuando la joven se encontraba en condiciones de salud deplorables.
«La presenté ciega, sorda de un oído y en silla de ruedas para que declarara», señaló la Isabel Silva, quien denunció que el proceso se ha dilatado por más de ocho meses debido a la falta de coordinación interna en la Fiscalía, donde el peritaje psicológico no ha sido integrado formalmente a la carpeta de investigación por falta de un oficio administrativo.
El caso de Valeria se intensificó tras acudir a atención médica debido a severos dolores de cabeza e inflamación. Los médicos tratantes asumieron, sin realizar estudios ni tomografías, que los síntomas eran una «somatización» derivada del estrés postraumático del proceso legal, catalogándola como paciente psiquiátrica, todo esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bajo este diagnóstico, le fue suministrado haloperidol, un fármaco antipsicótico controlado. La reacción al medicamento afectó de manera inmediata e irreversible su salud: tras la segunda dosis, Valeria despertó con parálisis en el ojo derecho, pérdida del habla, desorientación, alucinaciones y la pérdida de sus funciones motrices, requiriendo el uso de pañales y presentando problemas cardíacos que no padecía previamente.
A cuatro meses de que se reportaran las primeras complicaciones en sus extremidades, la familia acusa que el personal de neurología se negó a ordenar los estudios correspondientes, retrasando el tratamiento adecuado para las secuelas que hoy mantienen a la joven con severos problemas en las piernas.
Isabel, madre de Valeria también manifestó haber sido objeto de señalamientos y juicios tanto por la sociedad como por el personal de la Fiscalía, quienes de manera incisiva le han cuestionado el «no haber corroborado» el abuso a tiempo.
«La primera pregunta que me topé en Fiscalía es cómo no me di cuenta. No me di cuenta porque nunca pensé que él pudiera llegar a hacer algo así; un agresor sexual no trae una etiqueta», expresó, enfatizando la falta de empatía por parte de los servidores públicos.
Hasta el momento, Luis Daniel «N», presunto agresor sexual y padre de Valeria no ha recibido sanción ni consecuencias legales por la denuncia de abuso.
Por el contrario, el único miembro de la familia que actualmente enfrenta un proceso penal es Jason, hermano mayor de Valeria. El joven fue vinculado a proceso de manera inmediata por el delito de lesiones, luego de que el padre lo denunciara ante la FGE tras un altercado doméstico en el que Jason intervino para defender a su madre y a sus hermanas de una agresión.
Valeria permanece bajo tratamiento médico y en un estado de salud vulnerable, mientras la familia exige la intervención de las autoridades superiores para revisar las carpetas de investigación y sancionar la mala praxis médica que truncó la recuperación de la joven.
