por 
TIFFANY ABISH
THE BAJA POST/ STAFF
La operatividad del grupo conocido como «Patrulla Espiritual» ha generado controversia en Baja California, al punto de que la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió que sus acciones podrían constituir delitos graves.
Ma. Elena Andrade Ramírez, titular de la FGE, señaló que, conforme al tipo penal vigente, cualquier persona que sea sometida o trasladada a un lugar en contra de su voluntad podría ser víctima del delito de privación ilegal de la libertad.
«Ya se verá cada situación en particular… si es una persona enferma y se la llevan a fuerzas para atenderse, ahí es por salvaguardar un bien superior; sin embargo, este caso tendríamos que analizarlo con detenimiento», precisó la fiscal, aclarando que hasta el momento no existe una denuncia formal.
La polémica creció tras la difusión de videos donde se observa a integrantes del grupo abordando a personas en situación de calle o vulnerabilidad para internarlas en centros de rehabilitación.
Uno de los casos más recientes involucra a una joven de la comunidad LGBTQ+, a quien presuntamente exhibieron en redes sociales, le cortaron el cabello y la sometieron a lo que se describió como una «terapia de conversión».
Ante esto, diversos colectivos en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ han alzado la voz para exigir que se detengan estas prácticas que vulneran la identidad y dignidad de las personas.
Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, ya había manifestado previamente que el centro de rehabilitación vinculado a la «Patrulla Espiritual» en esta ciudad no cuenta con los permisos necesarios para operar.
Se espera que en los próximos días se realicen reuniones de trabajo entre la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Fiscalía para verificar la legalidad de estos establecimientos y asegurar que no se estén cometiendo abusos bajo el argumento de la rehabilitación.
