por 
Santos ESTRADA AVILÉS
THE BAJA POST/STAFF
La política mexicana tiene una memoria corta para las promesas, pero una piel muy dura para la hipocresía. Lo que la Secretaría de Gobernación y la presidenta acaban de recetarles a los productores de granos básicos no es solo una falta de respeto; es, en el lenguaje más llano y directo, una herida profunda a quienes ponen el alimento en las mesas de la nación.
No se sabe quién le informa a la presidenta que todo está bien. Lo que sí sabemos es que el campo mexicano está llegando a un punto de quiebre
El pasado 10 de abril no fue un día cualquiera. Se cumplía el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, cuya bandera de «La tierra es de quien la trabaja» hoy parece haber sido sustituida por «La puerta se le cierra al que la siembra».
Los líderes campesinos de todo el país viajaron a la Ciudad de México con la esperanza de un diálogo pactado, una reunión nacional para resolver un pliego petitorio que arrastra deudas, burocracia y olvido desde hace décadas, agudizando peligrosamente a finales de 2025.
Sin embargo, en lugar de una mesa con café y voluntad política, los recibió el frío metal de las vallas y el escudo de los policías antimotines. ¿A eso le llama diálogo la actual administración? ¿A pertrecharse detrás de uniformados mientras los productores, que vienen de Sonora, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas, exigen lo que por derecho y acuerdo les corresponde?
La crisis no es nueva, pero sí más cínica. Los productores de trigo del Grupo 1, tras levantar la cosecha 2024/25, se enfrentaron a un muro burocrático: SEGALMEX. Meses pasaron (de junio a noviembre) sin que se abrieran las ventanillas para el pago compensatorio que debería elevar el precio a los 7 mil 50 pesos por tonelada.
Mientras el gobierno se sorprendía de esta anomalía, los agricultores veían cómo sus granos se pagaban a precio de la Bolsa de Chicago, una cifra que apenas alcanza para cubrir créditos insuficientes, dejando la utilidad en cero. Trabajar para no ganar; trabajar para sobrevivir a la deuda. Ese es el bienestar que hoy se les ofrece.
ETIQUETAS DE CACIQUE COMO ARMA POLÍTICA
Resulta alarmante la narrativa que emana desde el Poder Ejecutivo. Se ha vuelto costumbre etiquetar a cualquier productor de mediana o gran capacidad como un cacique. Se ignora, con dolo o con una ignorancia supina, que tener un tractor moderno o manejar miles de hectáreas en el noroeste no es sinónimo de explotación, sino de décadas de esfuerzo, tecnificación y riesgo financiero.
La presidenta parece ignorar que el campo no se mueve solo con ideales, se mueve con diesel, fertilizantes y créditos. Hoy, el trato no es solo imparcial; es denigrante. Mientras en el sexenio pasado se permitieron bloqueos de vías férreas por meses sin tocar ni un pelo a ciertos gremios, hoy a los campesinos se les reprime con el levantamiento de maquinaria (como en Baja California) o se les recibe con granaderos.
¿Dónde están los diputados y senadores, tanto federales como locales? La respuesta es triste: sumidos en la disciplina de una dictadura de partido donde nadie se atreve a mover un dedo por sus representados por miedo a sepultar su carrera política. La mayoría morenista ha preferido actuar como caja de resonancia de la presidencia que como defensores de los hombres y mujeres del surco.
No se sabe quién le informa a la presidenta que todo está bien. Lo que sí sabemos es que el campo mexicano está llegando a un punto de quiebre. Si la respuesta a la exigencia de justicia es el cierre de puertas y el uso de la fuerza, entonces este gobierno está olvidando que el hambre no entiende de ideologías, y un país que maltrata a sus agricultores está condenado a importar su propia decadencia.
Es hora de que la presidenta entienda que esos líderes que desprecia representan las manos que alimentan a México. Cerrarles la puerta en la cara el día de asesinato de Zapata no es solo un error político, es una ofensa histórica.
