por 
ALFREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR
Este miércoles 14 de Agosto, trascendió en redes sociales que las autoridades estadounidenses allanaron la casa de una periodista llamada Hannah Natanson, quien tuvo que abrir y dejar entrar a los agentes federales del FBI, quienes dijeron que buscaban información clasificada, pero le aseguraron que no la investigaban a ella sino a un funcionario llamado Aurelio Pérez Lugones que trabaja en informática en Washington DC.
El cateo del FBI en casa de la reportera Hannah Natanson era para búsqueda de material clasificado que habría sido extraído por un funcionario federal, pero eso no explica ni justifica el allanamiento a la casa de la reportera
Sin embargo, el FBI no aclaró en qué dependencia federal trabajaría Pérez Lugones solamente informaron que trabaja en Maryland, tenía autorización de seguridad de alta jerarquía y aseguraron que en la lonchera y en el sótano de su casa habían encontrado material secreto de alta seguridad.
La información aclara que los agentes del FBI incautaron el teléfono celular de la periodista, al igual que dos computadoras y un reloj inteligente, pero reiteraron la versión de que la investigación no tiene nada que ver con la reportera, aunque el hecho de que allanaran su casa ha preocupado a mucha gente en el sentido de la precaria situación de la libertad de expresión en los Estados Unidos.
Natanson había estado haciendo reportajes sobre los despidos masivos que la Oficina de Eficacia Gubernamental (DOGE en Inglés) que dirigía Elon Musk y que causó el despido de 227 mil funcionarios federales, en un intento por “eficientizar” el Gobierno.
La periodista reportó sobre comentarios de trabajadores públicos criticando las tensiones en su trabajo donde estaban amenazados con despidos, empeorando las condiciones laborales por la reducción de puestos y presiones para despedir a trabajadores federales.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, [equivalente a ministra de Justicia], ordenó anular una norma que impedía a los investigadores federales acceder a los registros telefónicos de periodistas para tratar de identificar a una fuente gubernamental que hubiera filtrado información confidencial.
Para justificar el cambio de política, Bondi escribió en un memorando que “no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, victimicen a las agencias gubernamentales y causen daño al pueblo estadounidense”.
