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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Para proteger a las niñas, niños y adolescentes de violencia cibernética, digital o generada por uso de tecnologías de inteligencia artificial, el Pleno del Congreso avaló la propuesta de reforma impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez y por el diputado Ramón Vázquez Valadez, quienes coincidieron en la urgencia de actualizar la legislación ante los riesgos emergentes del entorno digital.
Aunque los instrumentos nacionales e internacionales reconocen el derecho a vivir libres de violencia, aún existen vacíos que deben ser atendidos para garantizar su plena protección en el entorno digital
“La acelerada digitalización y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial han transformado la forma en que se ejercen y se vulneran derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la imagen, exponiendo a niñas, niños y adolescentes a nuevas modalidades de acoso, suplantación, difusión de contenido inapropiado y automatización de datos personales”, precisó Araceli Geraldo.
Por su parte, Ramón Vázquez señaló la importancia de armonizar el marco estatal con criterios recientemente validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente aquellos que reconocen la validez de disposiciones orientadas a prevenir la violencia generada mediante inteligencia artificial.
Advirtió que la capacidad tecnológica para manipular identidades, imágenes o representaciones digitales de personas menores de edad constituye un riesgo creciente que el Estado no puede ignorar.
Por estas consideraciones, las diputaciones respaldaron por unanimidad el Dictamen No. 9 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, mediante el cual se reforma el artículo 11 y el artículo 45 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Con la incorporación de estas disposiciones, se reconoce expresamente el derecho a una vida libre de violencia cibernética, digital y aquella derivada del uso de inteligencia artificial, además de establecer la obligación de todas las autoridades de implementar medidas para prevenir, atender y erradicar estas conductas, garantizando un entorno más seguro para niñas, niños y adolescentes en Baja California.
