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Estela y Ana Cristina Valenzuela, conocidas únicamente dentro de una congregación cristiana, se unieron debido a un caso que mantiene a una menor de 15 años separada de su madre, mientras el hombre señalado por abuso continúa sin enfrentar consecuencias.
De acuerdo con el testimonio de Ana Cristina, todo inició cuando ella, su hija y otros familiares acudieron a la casa del padre de Ana Cristina, abuelo de la menor. En ese contexto, un sujeto de 60 años —mecánico conocido por la familia— comenzó a comunicarse con la adolescente utilizando el teléfono de la madre. A través de esos mensajes, el hombre le ofreció unos botes de aluminio para vender y 100 pesos. La menor aceptó el encuentro, sin saber que esto solo era un método para atraerla al domicilio del sujeto, donde ocurrió el abuso.
Cuando la madre se enteró de lo sucedido, acudió a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la FGE terminó implicando a Ana Cristina como presunta tratante, basándose en el intercambio económico y en que la comunicación ocurrió desde su teléfono.
La mujer señaló que, durante las entrevistas, personal de la fiscalía insinuó en múltiples ocasiones que la menor “buscaba” el encuentro con el hombre de 60 años, lo que considera un acto de revictimización hacia su hija, ignorando que se trata de una adolescente manipulada por un adulto.
Tras la denuncia, la menor fue puesta a disposición del DIF, donde permaneció varios meses. Posteriormente, Estela —integrante de su congregación— se ofreció a recibirla en su casa para evitar que continuara institucionalizada ya que nadie podía ir a verla. Aun así, la adolescente sigue sin poder regresar con su madre, mientras el proceso permanece detenido.

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna audiencia. El hombre señalado no ha sido detenido, no se ha presentado ante la FGE y no existe avance significativo en la carpeta. Las únicas afectadas han sido la menor y su madre: una permanece separada de su familia y la otra enfrenta señalamientos por haber denunciado.


