por 
ESTEBAN VILLARREAL CAMARENA
THE BAJA POST/STAFF
Los regidores del PAN señalan una serie de irregularidades en la denuncia presentada ante FGE por el caso BISOM que mediante una presunta llamada de extorsión se sustrajeron alrededor de 390 mil pesos, como lo dio a conocer el Síndico Oscar Vega la semana pasada donde supuestamente el 11 de abril, la Auditoría Superior del Estado de comunicó con el director de la dependencia, José Ramón López Hernández, diciéndole que tenía un adeudo federal.
Manuel Rudecindo García compartió ante medios de comunicación que la denuncia presentada ante la Fiscalía presenta un total de 275 mil 522 pesos, alrededor de 115 mil pesos menos de lo que reportó el Síndico, a lo que el regidor cuestiona si hubo una rectificación de la denuncia al no dar las cuentas con la suma de dinero.
Otra de las irregularidades que es el delito que se denuncia donde se pone como fraude cuando se debió poner como “ejercicio ilícito del servicio público” y de “peculado”, señala Rudecindo que posiblemente se hizo así para que no se tomaran medidas cautelares como prisión preventiva hacia el o los responsables.
La tercera irregularidad que hay es que se denunciaba directamente al contador del BISOM, Ricardo “N” como el responsable de la sustracción del dinero, siendo este una persona con menos responsabilidades de quien realmente tenía la facultad de manejar el recurso.
“Hay una responsabilidad administrativa que tampoco se está dando a todos los servidores públicos obligados al resguardo del patrimonio del BISOM, bajo el acuerdo de la administración pública de la misma dependencia y el reglamento de entidades para municipales de Mexicali, en las facultades que tiene el director de la representación y administración legal de los bienes de la entidad, los mecanismos de eficiencia en el tema de gasto público cuando el reglamento interno del mismo dicta que el director tiene la facultad de la representación y administración legal de los bienes de la entidad”, refiriéndose a José Ramón López Hernández.
Como medidas cautelares, piden una auditoría a la dirección de BISOM y que se cumpla con la comprobación de los gastos ejercidos entre 2024 y 2025 hasta el 11 de abril que sucedió el desfalco, además de la suspensión temporal del director y hasta el nombramiento de un director provisional hasta que termine las investigaciones.
Piden al igual que se hagan atribuciones de vigilancia y responsabilidades administrativas para la sindicatura municipal, y todos los involucrados incurren en una falta administrativa en los artículos 49, 50, 53 y 57 de la ley de responsabilidades administrativas del estado. Horas más tarde, se habla que el mismo José Ramón ha presentado su renuncia ante la serie de señalamientos que ha habido con respecto a las investigaciones.
