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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Alrededor de 18 mil firmas se presentaron para solicitar un plebiscito en contra de la posible privatización del bulevar 2000 ante la propuesta del gobierno del estado para rehabilitar la carretera.
El 17 de enero se publicó en el Diario Oficial del Estado una vacante para otorgar una concesión a un particular para el uso, aprovechamiento y explotación de viene de dominio público, con el fin de construir, rehabilitar y administrar un tramo del bulevar 2000.
José Ángel Peñaflor, abogado y miembro del colectivo Ciudadanos por la Defensa de Servicios Públicos, argumentó su inconformidad bajo el hecho que como ciudadanos pagamos impuestos y derechos sobre licencias que prevén el pago de impuestos para el mantenimiento de los caminos públicos estatales, además de que el corredor 2000 le costó a los ciudadanos mil 775 millones de pesos, inversiones gigantescas que no beneficia a los mexicanos, si no a empresas privadas, lo catalogó como un saqueo por parte del gobierno federal.
La petición de plebiscito se entregó en las oficinas del IEE en Mexicali, quienes habían pedido 16 mil firmas, el colectivo cuenta con 2 mil firmas de más, pero esperan que sirvan de colchón en caso de que invaliden algunas de las firmas.
Ellos no se cerraron a un dialogo con la gobernadora o la secretaria de infraestructura, pero el silencio por parte de Marina del Pilar, hace que tomen estas medidas. Criticaron al igual la forma en que el gobierno del estado da a conocer estos proyectos o actos trascendentes para la sociedad “en lo oscurito”, siendo que se publicó en enero el Diario Oficial y se fueron enterando un mes después.
Añadiendo que últimamente la ciudad de Tijuana ha estado presenciada actos de represión como lo fue en el parque Benito Juárez donde retirar del lugar a 10 personas que protegían el área.
Añadió que las mismas Naciones Unidas han determinado que cualquier acto privatizador o concienciadora de servicios públicos empobrece y atenta al derecho humano de igualdad, convertiría al usuario de un derecho humano a un cliente de una empresa privada, siendo esta una política empobrecedora.
Siendo el plebiscito una herramienta democrática a disposición de la ciudadanía, este no se ha utilizado mucho en Baja California, aunque esté prevista en la ley de participación ciudadana y creada en 1992. Gracias a esta herramienta, la sociedad civil puede actuar como un contra peso al poder.
