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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Un exhorto al Director del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), y al Secretario de Educación de Baja California fue presentado por la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez y aprobado por mayoría, para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género en todas las universidades públicas y privadas del Estado.
Como antecedente, mencionó hechos del 20 de enero, “una estudiante del ITT denunció públicamente haber sido víctima de hostigamiento y agresión sexual por parte de un compañero y a pesar de su denuncia, las autoridades de esta institución no tomaron medidas para protegerla ni sancionar al presunto agresor sexual, en lugar de brindarle apoyo a la víctima, la orillaron a darse de baja temporalmente”.
La Diputada Sánchez, señaló que ciertas prácticas como hostigamiento y acoso sexual continúan siendo frecuentes en instituciones de nivel superior.
Subrayó que, aunque el ITT tiene Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, no se está implementando y la falta de mecanismos claros de atención, protección y sanción generan un ambiente de impunidad que desalienta a las víctimas a denunciar y perpetúa la violencia.
“Es fundamental que las instituciones de educación superior cuenten con protocolos eficaces y obligatorios para prevenir, atender y sancionar la violencia de género, para evitar que las víctimas sean revictimizadas y los agresores permanezcan impunes”.
Por lo que la H. XXV Legislatura del Estado de Baja California, emite atento y respetuoso exhorto al Director del ITT, José Guillermo Cárdenas López, para que garantice la protección de las víctimas de violencia de género, evitando su revictimización y asegurando la correcta aplicación de sanciones a los responsables de conductas de acoso y violencia dentro de la institución.
En el mismo sentido se emite atento y respetuoso exhorto al Secretario de Educación de Baja California, Luis Gilberto Gallego Cortez, para que implemente lineamientos obligatorios en todas las universidades públicas y privadas del estado, para garantizar la existencia de protocolos claros y efectivos para prevenir, atender y sancionar casos de violencia de género, asegurando que las instituciones cumplan con su obligación de proteger a las y los estudiantes.
