por 
ALEJANDRO GARCÍA
THE BAJA POST/STAFF
Por ser contraproducente operativa y jurídicamente, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) mostró su rechazo a la reciente aprobación de trasladar la operación del Centro de Comando, Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por medio de un comunicado de prensa, en el organismo criticaron la postura del Congreso de Baja California, donde se aprobó la medida, por medio de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
El presidente del Consejo, Roberto Quijano Sosa, expuso que en el país solo cinco entidades federativas no tienen su C-5 adherido a su Secretaria de Seguridad; en tres de esos estados el Centro se encuentra adscrito al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ente que en Baja California no existe.
El empresario sostuvo en el documento que los diputados locales deben de realizar una nueva revisión de la medida para analizar su viabilidad y analizar posible vulneración del marco jurídico.
El pasado 30 de enero, durante la Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, se aprobó el dictamen de la Comisión referida con 18 votos a favor y tres en contra.
