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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Un paquete de dictámenes de diversos entes fiscalizados, del ejercicio fiscal 2022, fue votado a favor por unanimidad en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, en el Pleno del Congreso de la 24 legislatura de Baja California.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público ha contribuido para que el Congreso del Estado cumpla con sus facultades y obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, en un trabajo de coordinación con la Auditoría Superior de Estado que encabeza Arnulfo Zárate, logrando avanzar para abatir los rezagos que se tenían, a través de un trabajo conjunto y constante, informó el Congreso del Estado.
Las cuentas públicas que se avalaron como aprobatorias en el Congreso, son las correspondientes al Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) del Municipio de Mexicali; Instituto de Capacitación en Alta Tecnología del Estado de Baja California; Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali; Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito; Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate; Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM); Fideicomiso HSBC México S.A. F/138509 FIARUM, Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), Instituto de la Mujer (INMUJER BC), el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Baja California (CONALEP), Bienestar Social Municipal (BISOM) y del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
Por otro lado, las cuentas públicas que se dictaminaron como no aprobatorias son las correspondientes al Instituto Municipal de Participación Ciudadana; Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito; la Universidad Politécnica de Baja California; Consejo de Urbanización del Municipio de Ensenada y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público como parte de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado, ha contribuido a través de la elaboración de dictámenes, informes, evaluaciones, en conjunto con la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), para que el Congreso del Estado cumpla con sus facultades y obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
