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REDACCIÓN
THE BAJA POST
Arregui Ibarra les informó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, está al tanto de lo sucedido y le pidió un puntual seguimiento, por ello, desde el inicio de la denuncia y petición de las y los trabajadores, estos han contado con el apoyo de la STPS, ya que no se permitirá el atropello a sus derechos.
Informó que llevaron dicho asunto ante los tribunales laborales después de haber agotado el procedimiento de conciliación a la cual fue citada la empresa, pero no se llegó a un acuerdo de conciliación.
“Les vamos a hacer justicia, que no tengan duda, al juez laboral del caso, le expresamos nuestro sentir y que la empresa pretendió y pretende dejar a sus empleados sin su trabajo, sin su liquidación e indemnización que por ley les corresponde”, declaró Arregui.
Una empresa cerró sus puertas, dejando a sus trabajadores sin empleo, ni liquidación, por lo que recibieron asesoría, así como representación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, incluso el secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), Alejandro Arregui Ibarra acompañó a 63 trabajadoras y trabajadores de la empresa KH Yellow al Tribunal Laboral ubicado en Ensenada a presentar una demanda.
Mencionó que el Poder Judicial, a través de su Tribunal de Justicia Laboral, será el encargado de decidir, deliberar y determinar lo que por derecho corresponda, ya que serán ellos los encargados de emitir la resolución correspondiente.
“Hacemos un puntual y atento llamado a las y los trabajadores a que no se dejen engañar, para eso está el gobierno de Marina del Pilar, y la Secretaría del Trabajo a mi cargo, para hacer valer sus derechos y asesorarlos de manera oportuna”, aseguró Arregui.
Además, puntualizó que este gobierno está en comunicación y sinergia con la finalidad de resolver las injusticias, por lo que próximamente anunciarán una iniciativa para realizar una reforma, misma que se presentará en el Congreso del Estado, y que busca endurecer las penas contra las empresas “golondrinas”, representantes legales y personas ventajosas que pretendan eludir los derechos de las y los trabajadores.
